PETATE DE MUERTO

El Partido Acción Nacional (PAN), por intermedio de dos de sus diputados, continúa, de manera irreflexiva, asuzando a los legisladores de todos los partidos políticos, para provocar que las autoridades educativas estatales libren una “guerra”, bipersonal en la que están comprometidos, en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Para ello no han dudado en entablar alianzas precursoras con adversarios políticos, a quienes de alguna manera convencieron para que ellos dieran la cara e iniciaran un proceso que permitiese limitar el poder de Elba Esther Gordillo Morales, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y de su organización, a traves de la publicación de un decreto secretarial, el 482 signado por Josefina Vásquez Mota, diputada federal y ex pimera secretaria de Educación de la administración de Felipe Calderón, de la modificación de normas incluidas las del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y 2010 y del consecuente uso faccioso del Organo Superior de Fiscalización de la Cámara de Diputados.

Cierto que existe una franca animadversión social en contra de la presidente vitalicia de la organización sindical mas importante de la República Méxicana, lo mismo que señalamientos de relatores y organismos internacionales que ven en el SNTE un fuerte obstáculo para la consecución de una educación de calidad que responda a estándares internacionales; la exigencia de madres y padres de familia para lograr mejores resultados del trabajo que desempeñan trabajadoras y trabajadores de la educación, a quienes culpan por el bajo rendimiento de niñas y niños, señalan, siempre solapados por el SNTE; la demanda de fuertes sectores gremiales para concluir con el trato coorporativo que tienen del Estado mexicano y democratizar la vida interna de esa institución; el deseo social para terminar con los excesos que comete esa organización sindical entre los que destaca un número excesivo de comisionados sindicales; la exigencia por transparentar los ingresos de la organización incluidas las transferencias gubernamentales a sus fideicomisos y los obtenidos mediante las cuotas sindicales y rendir cuentas de esos recursos multimillonarios a la sociedad; la pretensión para que cese el papel de recaudadores de cuotas sindicales asignado a las autoridades hacendarias federales y de finanzas locales; pero a pesar de los argumentos vertidos y de otros más, nada justifica impulsar medidas perversas que podrían desenvocar en inestabilidad política en las entidades de la Federación si antes no se corrijen, con cargo a quienes lo pactaron, los acuerdos federales que les dieron origen.

En ese contexto se incribe la iniciativa, presentada por Julio Castellanos Ramirez, ex oficial mayor de la SEP bajo mandato de Vásquez Mota, diputado federal de representación proporcional, miembro de la fracción parlamentaria del PAN, para reformar los artículos 26 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal “con el propósito de establecer la obligación de hacer pública, la información en materia de servicios personales del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)”. ¿Preocupado? por transparencia y la rendición de cuentas, la exposición de motivos de la iniciativa del diputado recupera datos importantes relacionados con los recursos aportados por el FAEB a las entidades federativas, entre ellos el de que “de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el periodo 2006–2010 se ha entregado un total acumulado de un millón 193 mil 873 pesos única y exclusivamente al FAEB.”, para mas adelante acotar que “Los datos resultarían interesantes si la mayor parte de los recursdos no fueran destinados al pago de salarios de profesores y personal administrativo (97 por ciento del total) y que la calificación en materia de calidad de la educación primaria no ubicara a nuestro país en el lugar 120 de 139 países evaluados”.

Contrario a la realidad, destaca que los recursos son suficientes y crecientes, que en el pago de la plantilla de personal “se centra el problema” y que “si bien es cierto que los recursos aprobados año con año son suficientes y crecientes, la transparencia en el ejercicio de estos recursos es prácticamente nula, debido a las prácticas recurrentes de desvíos de recursos por parte de los gobiernos estatales y por si fuera poco, a la “mala interpretación” y lo poco claro en la redacción de la ley que regula su ejercicio”. Pero no todo queda ahí, las afirmaciones del contador Castellanos destacan que “La opacidad en el ejercicio de los recursos del Fondo se ha visto reflejado en los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2008. La Auditoría Superior de la Federación informó entre otros aspectos, que los recursos del FAEB se utilizan para el pago a personas con cargos de elección popular, para transferir recursos a otras cuentas estatales y para pagos a conceptos que no estipulan en la ley que lo regula. La pregunta es ¿Quién detiene a los gobiernos estatales ante este asalto en despoblado a la Hacienda Pública Federal? Al parecer hasta ahora nadie.

Preocupado por que su pudiese eliminar la referencia al acuerdo 482 (firmado por su jefa Josefina) del Presupuesto de Egresos de la Federación, entuerto del que fuera parte, plantea incorporarlo al texto de la Ley de Coordinación Fiscal no para garantizar la transparencia en el ejercicio del gasto sino para tomar venganza de su gran enemiga Elba Esther, quien los corriera de la SEP, sabedor como lo es por ser juez y parte, que gran parte de las observaciones formuladas por el Organo Superior de Fiscalización derivan de acuerdos pactados entre la Federación y el SNTE con anterioridad a la transferencia de los servicos educativos (1992), legislada por los Congresos locales, en específico las relacionadas con la existencia de comisionados sindicales, apoyos a sindicatos, prestaciones pactadas en las entidades por una doble negociación salarial derivada de la revisión central al piego petitorio sindical, firmada tambien por la Secretaría de Educación Pública federal.

Que el oriundo de Michoacán busque asustar con el petate del muerto respondería a sus intereses personales y de facción. Cierto es que su preocupación por transparentar el ejercicio del gasto es compartida por muchos, si no es que por toda la sociedad, pero para meter orden en casa ajena lo correcto sería que primero arreglaran en la propia, el desastre originado por sus acciones y por los pactos corporativos firmados con el SNTE y que después trataran de meter en cintura a las entidades que conforman el pacto federal. Obvio decir que se requiere como en toda la vida pública nacional, establecer un nuevo pacto federal educativo con reglas claras y compromisos de todas las partes.