Evaluación discrecional

Gracia, es grato saludarte de nuevo, aun y cuando sea sólo por este medio. Escribirte una carta no es común en una etapa de la vida en la que la comunicación personal se hace por la vía electrónica, a través de las redes sociales y desde luego por medio de un teléfono celular. Intercambiar puntos de vista, comentar contigo inquietudes sobre el quehacer educativo siempre enriquece la visión que pudiese tener del entorno, lo que mismo me permite “platicar”te cuestiones sobre viajes, proyectos, noticias y muchas pero muchas cosas más. Toca el turno a la ciudad de Morelia. Mi hijo menor, gran aficionado al cine y a los juegos de video, insiste en disfrutar de algunas películas que se exhibirán por primera vez en nuestro país en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia 2010 y lo llevaré con mucho gusto. La visita me permitirá saludar a grandes amigos que allá radican, caminar por las calles de su hermosísimo Centro Histórico y disfrutar de la arquitectura que la distingue de entre otras similares, disfrutar su emblemático acueducto, la fuente de las tarascas y disfrutar en una cafetería de los portales, de un te de hierbabuena elaborado de manera casera con hojas de esa hierva. Morelia se encuentra ahora, a solo a cuatro horas y cuarto de nuestra también hermosa ciudad de Puebla, siempre y cuando Gracia, se traslade uno en coche por el arco norte, se atraviese por Atlacomulco, ciudad en la que naciera mi madre, y se tome la vía rápida a Guadalajara.

Pero dejando de lado lo social y regresando a temas educativos, Gracia, quisiera pedir tu opinión sobre cuestiones relacionadas con la evaluación (rendición de cuentas y la transparencia), tan usuales en la etapa escolar, ya que los conocimientos, capacidades y habilidades adquiridos (as) en la escuela por niñas, niños u adolescentes o mayores, lo mismo que el ejercicio profesional o gubernamental, están sujetas (os) al escrutinio de terceros sin que en muchos casos las reglas aplicadas para medir los resultados sean claras. Te pregunto sobre lo anterior por que los citados anteriormente, cuando son cuestionados después de un examen sobre el resultado esperado, refieren disculpas tales como: Eso no me lo enseñó (el maestro (a), no era parte del programa, me puse nervioso, no me dio tiempo, no me preguntaron lo que yo sabía y otras respuestas por el estilo. Sucede lo mismo con administradoras y administradores gubernamentales quienes sujetos a alguno del los múltiples procesos de auditoría a los que se ven inmersos, marcan límites institucionales cuando el origen de las presuntas observaciones corresponden a acuerdos pactados entre autoridades de otra esfera y los interesados. En todo caso Gracia, es preciso recordar aquel refrán popular que señala que “sabe mas un burro preguntando que un sabio contestando”.

Parte del proceso de planeación institucional, la evaluación (control) tiene significado cuando permite tomar medidas para corregir el proceso sucedáneo (mejora continua) Gracia, lo que no sucede con la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares) y otras más aplicadas institucionalmente a las instituciones de educación básica y media superior. De ahí parten muchas de las críticas que formulan diversos actores del sector educativo, quienes han señalado ENLACE no sirve para mejorar las condiciones de enseñanza aprendizaje por no establecer pautas para iniciar un proceso de mejora continua (sus resultados son entregados a destiempo cuando el ciclo escolar siguiente ya se inició), por contravenir el proceso de evaluación permanente adoptado desde hace mucho tiempo por las autoridades educativas federales y las de los organismos autónomos, por que los organismos que evalúan no gozan de autonomía, por tener un alto costo económico al ser encargado a diferentes empresas, por duplicar la existencia de organismos públicos dedicados a este fin, por no medir las condiciones materiales y sociales en las que se imparten los procesos de educación formal e informal, por dejar a un lado y no evaluar el papel que juegan los administradores (autoridades educativas locales y federales) para la obtención de los resultados.

Algo similar, pero en otro contexto sucede, Gracia, con las observaciones levantadas, en contra de las autoridades educativas locales, por el Órgano Superior de Fiscalización (Orfis) de la Cámara de Diputados cuyo origen estriba en disposiciones contrapuestas, en tiempo y forma, formuladas por las autoridades educativas federales y las de hacienda, relativas a tópicos como los de la exención del pago del Impuesto sobre la Renta que grava el aguinaldo y las prestaciones de fin de año, los comisionados sindicales, las prestaciones pactadas localmente como respuesta a los pliegos petitorios de las trabajadoras y trabajadores de la educación entregados a las autoridades educativas locales por los representantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Presuntamente legitimadas por establecerse como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, Gracia, sujetas a controversia constitucional por diferencias en la interpretación del marco jurídico nacional, generadas por las autoridades educativas federales y de hacienda con anticipación a la transferencia de los servicios educativos federales a las entidades en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) y Normal, observadas por el Orfis, todas cuentan, a pesar de los esfuerzos y manipulaciones en contrario de Josefina Vásquez Mota y de Julio Castellanos Rodríguez, con soporte documental que avala los acuerdos pactados bilateralmente entre la SEP y el SNTE, incluidos los entregados por instrucción presidencial, y respaldan la actuación de las autoridades educativas locales.

Pero como con la pruebas discrecionales aplicadas por mentoras y mentores con el objetivo de molestar a sus alumnas y alumnos, las auditorias fijadas a las autoridades educativas locales por el Órgano Superior de Fiscalización con el objetivo de reprobarlas, no obedecen a regla claras estipuladas por las partes con anterioridad a la aplicación de las mismas y buscan que las autoridades educativas locales apliquen en la práctica una reforma laboral unilateral, que aun cuan sería justa, provoca un estado de indefensión frente a un sindicato que enfrenta a las administraciones de las entidades, con una fuerza nacional.