HOYO FINANCIERO

Gracia, me congratulo por las noticias que me das. Resalta entre ellas la relacionada con el testimonio de tu participación en los festejos por los 100 años que cumple nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tu recorrido por la explanada de rectoría y las calles del centro de la ciudad México, tu visita a la sala Nezahualcóyotl y al colegio de San Ildefonso. Cierto es que como disciplina de estudios la economía deriva en nuestro país de los estudios que impartiera en algún momento la Facultad de Derecho y que incluso la escuela a la que asistí con mucho agrado, la Facultad de Economía, ocupara en sus inicios un ala de las instalaciones de la escuela a la que asistes. Recuerdo con mucho cariño a muchos de los mentores que nos formaran, entre ellos a José Luis Ceceña –padre–, al maestro Sacristán Colas y al finado Fausto Burgueño, lo mismo que a Pedro Díaz, a Toña Barrón, a Julio Moguel, a Juvencio Wing, a Teothonio dos Santos y a Ruy Mauro Marini, a compañeros de estudios como Raúl López, Luis Ángeles, Aurelio Fernández, Laura Galván, Blanca Rubio y a alumnas como Bertha Zaldívar y Bertha Macias y muchos otro que con el tiempo ocuparan lugares relevantes en los sectores público, privado y social de nuestra nación.

Pero entrando en materia, Gracia, quisiera comentar contigo que en la bellísima ciudad de Puebla resaltan noticias relacionadas con un adeudo que por 3 mil 500 millones de pesos, tendría la administración de Mario Marín Torres con la Secretaría de Hacienda del gobierno federal, por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Supuestamente se trataría de recursos recaudados, “retenidos” a los trabajadores al servicio de los poderes del Estado pero no entregados a la Federación. Por la forma en que la nota fue tratada por algunos medios de comunicación, la situación Gracia provocaría hilaridad si no fuese un tema que podría enfrentar a las administraciones –electa y en funciones– en un tema en el que están implicados terceros beneficiados.

Cierto es que el adeudo existe, Gracia, sin saber a ciencia cierta ni monto, ni rubros específicos a los que las publicaciones aluden, pero sí, que en él están implicados todos trabajadoras y trabajadores de la educación –de origen estatal y federalizado– que laboran en la entidad, estén o no, afiliados a las secciones 51 y 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). También es cierto, Gracia, como algunos medios electrónicos consignan a respuesta de un funcionario local, que el adeudo de referencia es común a todas las entidades de la Federación –por lo tanto no privativo del Estado de Zaragoza– y que las administraciones locales buscan solucionar, algunos reconociéndolo y acogiéndose a los beneficios que otorga un decreto presidencial y otros, señalando la responsabilidad del gobierno federal en la generación del mismo.

Pero Gracia, para no pretender que se entiendan las medias palabras con las que te escribo, trataré de desglosar lo relacionado con los parágrafos que anteceden y que tienen relación con ese presunto “hoyo financiero”, término fácil al que aluden algunas publicaciones, para explicar un adeudo, real para la Federación, supuesto para el Estado, reclamado por la Secretaría de Hacienda al gobierno del estado de Puebla cuyo origen radica en la falta del cobro (y de pago) del Impuesto Sobre la Renta que debe gravar, reglas de por medio, al aguinaldo y las prestaciones de fin de año de las trabajadoras y trabajadores de la educación y con un monto anual que ronda los 300 millones de pesos y la correspondiente entrega del entero a la Secretaría de Hacienda.

El problema se presenta, Gracia, cuando un decreto presidencial por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta, de derechos y de aprovechamientos, publicado en El Diario Oficial el 5 de diciembre de 2008, invalida en los hechos, un mecanismo llamado Tabla de Reversa, generado por las autoridades hacendarias, por el que hasta 2007, se entregaba a las administraciones locales una ampliación presupuestaria virtual para que de la misma forma, los gobiernos de los estados, cubrieran de manera virtual, el ISR que debería ser descontado del aguinaldo y las prestaciones que reciben las y los trabajadores de la educación.

Estamos hablando, Gracia, de un doble mecanismo virtual otorgado en beneficio de más de un millón 500 mil trabajadoras y trabajadores de la educación producto la negociación salarial que año con año sostienen representantes de las autoridades educativas federales y de los titulares de la relaciones colectivas laborales, producto de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) y Normal (ANMEBN) que establece, entre muchas otras cláusulas, el reconocimiento de todas las prestaciones derivadas de usos y costumbres precedentes a la firma del acuerdo y firmado en múltiples minutas de respuesta al pliego petitorio anual del SNTE, por los funcionarios federales facultados para ello.

Originado por las autoridades federales, Gracia, mediante la firma y entrega de las minutas que exentaban a maestras y maestros y demás trabajadoras y trabajadores de la educación del pago del ISR que gravaría las prestaciones de referencia, firmado el ACNMEB que reconoce las prestaciones derivadas de usos y costumbres por los titulares de los ejecutivos locales a instancias de Carlos Salinas de Gortari, violatorio del principio de equidad tributaria según lo determina la jurisprudencia emitida por la corte, conquista laboral cuya violación sería rechazada por cualquier vía como lo muestra el intento de cobro que las autoridades educativas del estado de Guanajuato tratasen de realizar (2009) y que amenazara la estabilidad política local, reclamado por las autoridades hacendarias dado que ascienden a la suma de 4 mil 500 millones de pesos anuales, el diferendo que tiene a los gobiernos locales de cualquier filiación y tinte partidista al borde de la quiebra, máxime si se considera Gracia que las autoridades federales no cumplen con la obligación del pago del impuesto sobre la nómina de los trabajadores su servicio, que deben cubrir en su carácter de patronos y entregar a las administraciones locales.

¿Sabría de casualidad, Gracia, Rafael Moreno Valle que el cobro del ISR mencionado le enfrentará con Elba Esther Gordillo Morales, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Que conste que sólo es una pregunta.