El lucro por encima de la salud

En los últimos días hemos sido testigos de una tramposa envestida en contra de la salud (pública) de niñas, niños y adolescentes encabezadas por las empresas alimentarias afiliadas a las cámaras nacionales de la industria alimentaria, a pesar de ocupar, México, la República Mexicana, el primer lugar mundial en obesidad infantil, afectar ese padecimiento a uno de cada cuatro niñas y niños que asisten a la escuela primaria lo mismo que a tres de cada cuatro adultos que en el país que son víctimas de una pandemia silenciosa.

Pero, y a pesar de requerirse tan sólo una medida reglamentaria por parte del encargado de despacho del sector educativo de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, Alonso Lujambio Irazábal, quien prohibiera la venta de productos chatarra en las tiendas y cooperativas escolares, su ausencia ha generado toda una discusión política que prohíja que quienes se encargan de la engorda, que no alimentación, de niñas y niños, argumente falazmente en su favor al reconocer su incompetencia tecnológica para rediseñar sus productos al amparo de los requerimientos nutricionales de un mercado infantil (por otra fácilmente distorsionable por el bombardeo mediático al que son sometidos permanentemente), lo mismo que al argumentar que Los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas en los Establecimientos de Consumo Escolar de los Planteles de Educación Básica emitidos por los consejos nacionales de autoridades educativas y de salud, y suscrito por los Secretarios de Educación Pública y Salud, agravarán la crisis económica nacional al terminar con fuentes de empleo, de trabajo, para cientos de miles de mexicanas y mexicanos.

Generadas –las cooperativas escolares y su reglamento– como un instrumento para educar a las alumnas y alumnos de la escuelas públicas bajo el impulso (29.XI.1934) de la corriente de diputados callistas que dos años más tarde aprobarían la primer reforma del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para tornarla socialista, modificada para hacerla más acorde con el espíritu de la reforma cardenista (1937), “las cooperativas escolares tenían como finalidad desenvolver la iniciativa; realizar trabajo productivo y socialmente útil”, y hasta la modificación realizada en la administración de Adolfo López Mateos (1962) reconocía la participación de madres y padres de familia y la existencia de un consejo de administración integrado sólo por alumnos, en tanto que la finalidad del reglamento emitido ese año “no permitía realizar actividades comerciales a la cooperativa escolar en los establecimientos educativos; suponía una finalidad exclusivamente educativa; las cooperativas escolares debían proveer a los socios de útiles escolares, vestuario y alimentos durante la jornada escolar; sus actividades eran exclusivamente en el recreo y sus precios inferiores a los comerciales”, en tanto que el Reglamento de Cooperativas Escolares, realizado en la administración de José López Portillo (abril de 1982) “y desde entonces tiene finalidad eminentemente educativa; para ello, las cooperativas escolares deberán promover actividades de solidaridad, ayuda mutua, cooperación, responsabilidad de tareas, de beneficio individual y colectivo; facilitar la asimilación teórica y experimentación práctica de principios básicos de convivencia social, igualdad, democracia, comunidad de esfuerzo y espíritu de iniciativa; vincular la realidad del medio ambiente con el educando; procurar un beneficio económico para la comunidad escolar mediante la reducción del precio de venta de los artículos con respecto a los precios de mercado, disminución de los costos de producción y la contribución económica para la mejora de las instalaciones, equipamiento y el desarrollo de las actividades docentes del plantel”. Sustituidas por tiendas escolares y administradas por las direcciones de los planteles alejándose de los fines y principios educativos fueron los últimos 40 años cooptados por empresas ¿alimentarias?, muchas de ella de carácter trasnacional –Coca cola, Pepsi, Sabritas– las que en una franca disputa por un mercado de largo plazo altamente redituable, integrado por niñas y niños, no dudaron en corromper a las autoridades educativas para que bajo el garlito de “mejoras” a los edificios escolares y cooperaciones en numerario “aparentemente” para contribuir a los gastos de operación de los planteles escolares, dieran preferencia al consumo de sus productos.

Así, mientras las autoridades aparentemente reculan la medida para adoptar otra más ad hoc al chantaje de las empresas culpables de enfermar a las nuevas generaciones y causar un grave quebranto a las finanzas públicas por los tratamientos para combatir la obesidad y las enfermedades derivas de ella, la empresas ignoran intencionalmente el reglamento de cooperativas escolares, vigente lo mismo que los objetivos establecidos en él bajo el argumento de que ninguna ley prohíbe la venta de alimentos chatarra; madres y padres de familia, médicos, investigadores, funcionarios de educación y salud, insisten en desterrar la comida chatarra de las escuelas, las culpan de enfermar a sus hijas e hijos y de lucrar con las penurias de las familias. El lucro por encima de la salud.