SE HACEN BOLAS

Para autoridades educativas centrales, concesionarios de tiendas y cooperativas escolares, maestros y directivos de escuelas públicas, las instituciones educativas no son responsables de la obesidad que padecen niñas y niños mexicanos, trasladan la culpa de ella lo mismo a malos hábitos de consumo que tienen los infantes, que a madres y padres de familia. Al señalar que la obesidad es un problema de salud pública, Alonso Lujambio Irazábal, secretario de Educación Pública (SEP) de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, deja la reglamentación de la venta de los productos chatarra en las tiendas y cooperativas escolares en manos del sector salud.

Y seguramente Lujambio tiene razón en este comentario, pues a pesar de ser los de mayor demanda y consumo (los artículos chatarra) en los espacios educativos, niñas y niños concurren a las escuelas primarias solo, formalmente, 4.30 horas por día, en tanto que las y los escolapios de secundaria permanecen en los recintos escolares 7 horas diarias, sólo el 17.91 y el 29.16 por ciento del día y con un acceso restringido a 30 minutos por jornada, de los 160 días efectivos de labor, en las mejores circunstancias, de los 200 que marca el calendario escolar, a las cooperativas y tiendas escolares sin contar la vendimia, para generar fondos, a cargo de alumnas y alumnos –coordinados por trabajadoras y trabajadores de la educación–, que pasan grupo por grupo vendiendo dulces, chicles y chocolates más los cacahuates, chicharrones y churritos enchilados que expenden vendedores ambulantes en las afueras de los edificios escolares.
Pero y si a pesar de los productos de mala calidad que se venden en las escuelas y si a pesar del tiempo limitado para adquirirlos por parte de los estudiantes, estos no fueran el factor primordial para desencadenar esta enfermedad –aunque si contribuyesen a agravarla–, la obesidad, adquirida en el hogar lo mismo que en otros sitios, constituye un problema de salud pública que, a más de los costos que genera en su tratamiento lo mismo que en el de las enfermedades que genera, incide negativamente en el desempeño escolar de niñas, niños, preadolescentes y adolescentes.

Efectivamente, a más de lo que nos indican la voces de los especialistas, en el incremento de peso que padece un número creciente de niñas, niños, jóvenes y adultos intervienen diferentes factores entre los que destacan la adopción de una dieta, cuya base reside en la comida rápida al estilo de vida estadounidense, un alejamiento del ejercicio y de las actividades físicas, el exceso de publicidad engañosa a través de los medios masivos de comunicación favorable al consumo de productos chatarra incluidos que se resaltan en programas de televisión cuyo público cautivo se integra por infantes, la gratificación fundamentalmente la orientada a los menores otorgada mediante golosinas, pasteles, dulces y chocolates, la ingesta de refrescos para acompañar alimentos a falta de agua potable, la cancelación de espacios públicos antaño dedicados a la práctica deportiva y a la recreación y la privatización de los espacios dedicados al ejercicio y mas.
Que diputadas y senadores se preocupen por el incremento de una enfermedad que concede a México un despreciable primer lugar obesidad infantil es pertinente y necesario, que se modifique la Ley General de Saludad para que niñas y niños realicen ejercicios físicos en la escuela sueña como una quimera deseable pero no asequible, que se limite la venta de productos chatarra en los establecimientos mercantiles ubicados en espacios educativos debiese ser algo que la propia autoridad educativa prohibiera sin el beneplácito de ninguna otra autoridad por estar en su ámbito de competencia, que se eduque en salud a las y los usuarios del sistema educativo es responsabilidad de la autoridad educativa central monopolizadora de planes y programas de estudio y de la elaboración de los libros de texto gratuito y se encuentra en el deber ser del propio Alonso.

Pero si como lo señalara el propio encargado del despacho educativo, el asunto es de una enfermedad como la que ocupa al debate público, no es propio de las escuelas y se gesta fuera de ellas, el combate a la misma debiese ubicarse en las esferas que lo procuran. Legislar efectivamente para que los empresarios señalen en los empaques de los productos que expenden que son nocivos para la salud, prohibir la publicidad engañosa destinada a confundir a las y los más pequeños e indefensos en la sociedad, responsabilizar a los medios por lo que transmiten como lo marca la Ley general de Educación, educar en las escuelas para la vida generando conciencia de lo que consumen las y los menores y las y los adolescentes, fundar espacios públicos para que quienes trabajan, mujeres y hombres puedan adquirir alimentos sanos, saludables, agradables al paladar y adecuados a la estructura física de mexicanas y mexicanos.
Pero enviando y rechazando iniciativas, diputados y senadores, senadores y diputados solo se hacen bolas.