AMENAZAS SINDICALES

Las amenazas espetadas por Cirilo Salas Hernández, secretario general de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en contra de las autoridades educativas locales, originadas por unas supuestas amenazas vertidas por supervisores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad, cuyo objetivo fuese el de evitar la asistencia de trabajadoras y trabajadores de la educación a un acto meramente sindical, realizado por los demás en día y horas de trabajo hábiles sin suspensión oficial incluida en el calendario escolar oficial, acompañadas por la advertencia para no equivocarse so penan de provocar la ira de la organización –consentida por la administración de Felipe Calderón Hinojosa–, tendría algo de razón: el SNTE a menudo ha recurrido al ejercicio de la fuerza, incluida la eliminación física o moral de sus contrincantes, para lograr aquello que las alianzas con los grupos de poder no les ha otorgado.

Tras reconocer que 650 directivos de la sección local abandonaron su responsabilidad en horas hábiles sin contar con la autorización oficial para hacerlo, Cirilo admite que su organización está perdiendo el control de mandos medios (supervisores escolares, inspectores, jefes de sector) quienes, tradicionalmente, se habían comportado como la correa de transmisión y control de la estructura sindical.

Emulo de Carlos Salinas al blandir sones de guerra, Cirilo tendría, al exigir que las autoridades educativas locales no se equivoquen, otras intenciones –secretas–, vinculadas a la negociación del pliego petitorio y a la oposición del posible cobro del impuesto sobre la renta que grava al aguinaldo y otras prestaciones y que, tratándose de las y los trabajadores de la educación de origen federal y estatal, los responsables de los gobiernos de las entidades deben cobrar, decreto de por medio (5–12–2008) y trasladarlo a las autoridades hacendarias del país a pesar de la existencia de minutas previas que les privilegiaban, firmadas por la SEP federal y el SNTE y a pesar de que este impuesto no se cobra a las y los trabajadores de la educación del Distrito Federal, a cargo presupuestal y administrativamente de la SEP federal.

Ahora, al igual que en otras ocasiones en las que las autoridades pretendieron realizar el cobro del impuesto de marras, Elba Esther Gordillo Morales, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE y su organización hacen e hicieron hasta lo imposible por conservar privilegios que los sitúan al lado de quienes en nuestro país, grandes empresarios y monopolios, están por encima de resto de los mortales. No les interesa levantarse en contra de quienes, con cargos en la burocracias estatales, deban aplicar las leyes tributarias por igual y recurren para ello lo mismo a las alianzas que a las presiones.

Motivo de la doble negociación que deben enfrentar las administraciones locales frente a un gremio que les supera en fuerza y en el ejercicio de poderes metaconstitucionales, la advertencia para que no se les provoque si no quisieren conocer la fuerza de la sección 51 del SNTE, estaría encaminada más a defender una prestación que en los hechos fue otorgada al SNTE por las autoridades educativas federales con la complacencia de las hacendarias, con anterioridad al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) y Normal y transferida a los gobiernos de las entidades, más que a evitar la posible aplicación de una sanción por una falta colectiva realizada por directivos del gremio.

Beneficio no reconocido explícitamente mediante el decreto expedido por Felipe Calderón (5–12–2008), la Secretaría de Hacienda exige a las administraciones de las entidades, en 2008 con retroactividad a 2007, el pago de un impuesto no cobrado a las y los trabajadores de la educación, ignorando que mediante la negociación bilateral SEP–SNTE en la que no existe representación de las autoridades de la entidades, se había rutinariamente incorporado esta “prestación” como respuesta formal al pliego petitorio por lo menos hasta 2004, soterrado en los años 2005–2007.

Calculado en aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos anuales, el monto de este impuesto tendría de no ser cobrado, que ser pagado con cargo a los erarios locales con el consecuente deterioro de las finanzas estatales. Exigido como parte del pliego petitorio 2010 del SNTE, estrategia nacional que orienta las negociaciones de las secciones con los gobiernos locales, busca transferir, papelito firmado de por medio, una obligación al resto de los contribuyentes.

Y efectivamente, para que no se equivoquen como señala Cirilo, el SNTE ha provocado conflictos sociales en las entidades que han pretendido seguir los lineamientos federales en la materia.

Pero como dice el dicho, o todos coludos o todos rabones, si ellos no pagan por qué el resto de los trabajadores a los que se les cobre el impuesto sobre la renta que grava el aguinaldo abría de hacerlo.