NOCIVO PARA LA SALUD

Molestos, iracundos, mezquinos, dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) externaron, por todos los medios a su alcance, oposición a una medida tomada por una veintena de “burócratas” y que, según su percepción, dejará sin empleo a cientos de miles de trabajadores y condenará a la quiebra a decenas de empresas. Al tiempo en el que señalaran que los actos de autoridad no cambiarían los hábitos alimentarios de la población, esgrimiendo que requieren de tiempo para reorientar cambios en la industria alimentaria.

Tardío pero aún así oportuno por el hecho educativo que representa, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (Lineamientos generales para el expendio o la distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar) de los planteles de educación básica), aprobado recientemente por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) y de Salud, a instancias de Alonso Lujambio Irazábal y de José Ángel Córdoba Villalobos, encargados de los despachos de educación y salud de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, tiene “el propósito es prevenir y revertir el sobrepeso y obesidad en la población de cuatro a 15 años de edad con medidas como la prohibición de la venta de bebidas azucaradas o alimentos de alto contenido calórico.” (http://www.sep. gob.mx/wb/sep1/C0760510), corrige una omisión, por el ámbito de su competencia, en la que habrían incurrido históricamente las autoridades educativas locales y federales al permitir el funcionamiento de establecimientos expendedores de alimentos y bebidas no sujetos a ningún tipo de regulación y verificación. Entidades como la poblana, mandatarios locales como Manuel Bartlett y Secretarios de Educación de la entidad como Juan Antonio Badillo habrían ensayado, con las limitaciones del caso, una reglamentación para el funcionamiento de las tiendas y cooperativas escolares.

Datos del comunicado 076 del portal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal por el que se da a conocer el acuerdo aludido señalan que “la obesidad afectan a 26 por ciento de la población infantil, cifra que coloca a México en primer lugar en el mundo”, que “el costo de la atención de la obesidad y sus consecuencias pasó de 35 mil millones de pesos en el año 2000, a 68 mil millones en 2008, y de seguir la tendencia actual, se estima que en 2017 ascienda a 167 mil millones.”.

Pero la obesidad, considerada ya como un asunto de salud pública, agrava por sí misma y por los padecimientos que genera, las finanzas del Estado y de las familias ya que las estadísticas muestran que por cada una niña o niño obeso, tres adultos guardan esta situación.

Pero y aunque Lujambio reconoce que las niñas, los niños y los adolescentes pasan sólo una quinta parte de su vida diaria en el ámbito escolar –y que en ese sentido, la responsabilidad de la escuela sería limitada–, el comunicado señala que lineamientos expedidos buscan “promover que en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica se preparen y expendan alimentos que contribuyan a lograr una alimentación correcta:”, mediante la expedición de normas claras que indiquen lo que se puede o no vender, las medidas de higiene requerida pero que por sobre todo se impulse “una cultura de hábitos saludables y una educación alimentaria que permita a niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica desarrollar el aprendizaje hacia una vida más sana.”. El Acuerdo y los lineamientos (http://www.promocion.salud.gob.mx) enfatizan la realización de actividades físicas en la escuela y fuera de ella, la obligatoriedad a la que deben sujetarse los expendios de alimentos y bebidas ubicados en 220 mil escuelas públicas y privadas y considera la adopción gradual de la norma, error garrafal, a efecto “dar tiempo a la industria de alimentos de desarrollar innovaciones tecnológicas que les permita cumplir los requerimientos.”.

Sin embargo y a pesar del acuerdo y de los lineamientos emitidos es importante resaltar que de la misma manera que la responsabilidad sobre el tema de las instituciones educativas es limitada, la obesidad es ya un problema de salud pública en sí misma y por las repercusiones negativas que tiene sobre los organismos de las personas que la padecen, que requiere de ser abordada desde la perspectiva de las políticas públicas y de la supremacía del interés de la cosa pública sobre la privada.

Que las instituciones de educación son un referente obligado en el cambio de hábitos de consumo de quienes ahora niñas, niños y adolescentes habrán de tener la responsabilidad a corto y mediano plazo de la conducción de las nuevas generaciones y familias y que en ese sentido, el actuar de las autoridades educativas al respecto, tiene que ver con una educación que les forme para la vida.

Que la participación de las instituciones podría actuar como un agente modificador del entorno doméstico y en ese sentido mejorar la vida de las familias de los 25 millones de escolapios que asisten a instituciones públicas y privadas, y que un poco de ejercicio mejora la salud y la estética de muchas y muchos trabajadores de la educación que francamente lo requieren a pesar de gritos y sombrerazos, sobre la carencia de espacios adecuados y el cáncer de piel que supuestamente padecerían maestras y maestros de educación física.

Sólo queda esperar responsabilidad social, a más de lloriqueos de los grandes emporios de la industria de los alimentos y correspondencia de las industrias de la comunicación y señalar, al vender los productos señalados que su consumo indiscriminado afecta la salud de sus consumidores.