Los argumentos utilizados por la administración federal que encabeza Felipe Calderón Hinojosa para decretar la liquidación de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) y concluir con las relaciones laborales con sus trabajadores lo mismo que el trato con su representación sindical bien podrían ser los mismos que justificaran medidas similares en otras ramas y sectores vinculaos al gobierno, entre ellos el del sector educativo, a saber:
“Que como consecuencia de la inconformidad hacia las empresas eléctricas, por parte de los usuarios domésticos, ...” (http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/nacional/) referente para justificar la inconformidad de madres, padres de familia con el mal servicio que prestan los trabajadores de la educación.
“Que desde su creación, el organismo descentralizado no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han visto incrementadas en los últimos años; ...”, equivaldría a las elevadísimas sumas presupuestales objeto de la declaración de la sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de referencia en la página http://www.snte42.com/ que señala que el “Comité Ejecutivo Nacional realizó importantes esfuerzos para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, que ya fue aprobado, se otorgara la importancia que merece el sector educativo. Es por ello que, hacemos de su conocimiento el resultado del cabildeo y gestiones realizadas por los compañeros legisladores maestros, con las diferentes fuerzas políticas en el H. Congreso de la Unión. El presupuesto aprobado en los ramos que atienden al sector educativo es de 481 mil 683.7 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2009, lo cual significa que: registró un crecimiento de 11.9 por ciento en términos nominales y 6.4 por ciento real. Es decir, pasó de 430 mil 572.6 millones de pesos aprobados para 2008, a 481 mil 683.7 millones de pesos para 2009. Alcanzó una equivalencia de 4.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y 20.8 por ciento del gasto programable. Lo anterior significa que, gracias a la suma de esfuerzos de los legisladores se logró una ampliación de 18 mil 552 millones de pesos, ...”.
“Que los resultados que ha reportado Luz y Fuerza del Centro son notablemente inferiores respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional, inclusive respecto de los que ha reportado la Comisión Federal de Electricidad”, tienen como referente, por malos, a los obtenidos históricamente por niñas y niños que son evaluados por el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), resultados que miden también a los trabajadores de la educación que los forman y al sistema educativo mexicano, a pesar de que “hay que reconocer que desde la década de los 90, las administraciones federales en México sí le han dado prioridad al gasto público en educación. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el gasto promedio en educación como porcentaje del PIB es de 5.8 por ciento. En México este porcentaje llegó a ser del 6.4 por ciento en 2004... y sigue creciendo. Incluso como porcentaje del gasto público total, México es número uno entre todos los países de la OCDE: en 2004 se dedicó el 23 por ciento de todo el presupuesto federal a la educación vs el promedio de 13.4 por ciento entre los miembros de la organización. La relación gasto educativo y resultados obtenidos es inversamente proporcional al esfuerzo impuesto a la sociedad mexicana puesto que, mientras que México se encuentra a la vanguardia en cuanto al primer rubro, ocupa los últimos lugares de aprovechamiento entre quienes se someten a esta evaluación internacional, sin referencia a los resultados mostrados por las evaluaciones nacionales.
“Que la problemática expuesta ha sido conocida por la Auditoría Superior de la Federación, la que con motivo de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, recomendó “... que la Secretaría de Energía se coordine con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que evalúen la conveniencia de elaborar estudios que sustenten la posibilidad de proceder en términos de lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en el que se señala que cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir con sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación, o extinción de aquél”, equivaldría a las observaciones y responsabilidades que como resultado de las auditorías 2007 y 2008, fincadas por la Auditoría Superior de la Federación a las autoridades educativas locales, en las que destacan responsabilidades originadas por disposiciones de autoridades federales anteriores a la transferencia de responsabilidades firmadas en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal acaecida el 18 de mayo de 1992.
Sin embargo, y a pesar de las coincidencias entre el sector eléctrico y el educativo, existen diferencias de matiz que, a pesar de las voces inducidas por la propaganda mediática, evitarán que ocurra un proceso de privatización de la educación y la liquidación de la titularidad de las relaciones laborales colectivas como sucediera en Chile tras el golpe de Estado en contra de Salvador Allende. Entre ellas la relativa a la alianza incondicional establecida entre Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo federal y Elba Esther Gordillo Morales, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, lo mismo que edificara el SNTE con otros gobiernos del Estado mexicano.
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