FRENTE A FRENTE

Enfrentados por el decreto de presupuesto 2010 enviado por el ejecutivo federal al Congreso de la Unión, secretarios de educación pública de las entidades federativas y rectores de universidades públicas recorren la milla para demandar recursos crecientes que les permitan resolver la que debe ser una de las prioridades de la nación: la cuestión educativa.

Preocupados por la caída drástica de las participaciones federales que aunque muestran un incremento de casi el 100 por ciento respecto al año anterior (3.14/6.54), pierden 8.43 puntos respecto a las del 2008 al pasar del 14.97 por ciento en ese año, al 6,54 propuesto para el 2010 y aunque sólo se deterioran en 4.17 puntos porcentuales si se les comparara con las participaciones del 2007, provoca en los titulares de los despachos educativos escepticismo por la reducción porcentual de las participaciones que obtendrán del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, inferior hasta en un 75 por ciento al obtenido en 2006 y el más bajo de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, generará, de acuerdo a los responsables del sector educativo en las entidades, conflictos sociales de una magnitud desmesurada, a más de los propios con los trabajadores de la educación afiliados y no al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al no contemplar el PEF2010: Recursos suficientes para encarar la doble negociación salarial, recursos para la creación de plazas sujetas al examen nacional previsto en el acuerdo Alianza por la Educación -Programación Detallada (PRODET)-, recursos para infraestructura y fortalecimiento de la educación media superior, para proyectos estratégicos, para la ampliación de los programas de universidades tecnológicas, politécnicas y tecnológicos regionales y para resolver en tiempo y forma, las incidencias de personal, que de paso no sobra decirlo, lastiman de sobremanera a niñas, niños, madres y padres de familia.

Por si no fuera suficiente con la estreches de recursos, el decreto de presupuesto 2010 genera una serie de normas de carácter administrativo que recentralizan la administración de los recursos humanos, desconcentrados hacia las entidades de la federación a partir de la firma en 1992, del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEByN), al incluir el decreto de presupuesto referido dictados como el que "Las altas y bajas del registro serán autorizadas exclusivamente por el área competente de la referida dependencia.", sentencia que da un tono faccioso a los versículo precedentes "Para tal efecto, la Secretaría de Educación Pública establecerá y administrará un sistema electrónico al cual dará acceso a las entidades federativas que lo soliciten para facilitar la administración de las plazas y el pago de nómina correspondiente. Las altas y bajas del registro serán autorizadas exclusivamente por el área competente de la referida dependencia.", y que al incluir la máxima citada, muestran con toda claridad cuál es la finalidad y obligación de elaborar un padrón nacional. Un nuevo protagonismo de las autoridades educativas centrales que concluye con un acuerdo que se legitimó a través de los congresos locales.

Elaborado el artículo 9 del Decreto de presupuesto 2010, bajo normas cuyo interés es el de "establecer y administrar un sistema electrónico para el control de plazas federalizadas del sector educativo…", la medida sólo aumentará la burocracia central –Secretaría de Educación Pública federal-, impedirá sustituir y nombrar al personal frente a grupo requerido, retrasará el pago del personal como sucede en estos momentos con los ganadores del proceso de selección para ocupar las plazas vacantes, pondrá en riesgo el pago de prestaciones e indudablemente generará conflictos en la entidades, entre los representantes de los trabajadores y las autoridades educativas locales mientras que las federales se sientan a ver el cadáver de su vecino pasar. Mientras tanto, los secretarios y los rectores locales tendrán que seguir con su labor peregrina.