PUNTO DE ACUERDO

La indignación, el enojo, la rabia de la que son presa madres y padres de familia, familiares, allegados y sociedad en general por la injustísima muerte de 48 niñas y niños ocurrida en la guardería ABC, dio pie a un linchamiento mediático que enturbia el fincamiento real de responsabilidades y el justo castigo a los culpables. Sin analizar a fondo los delitos y la naturaleza de los mismos, no ha faltado quien entre los comunicadores quisiese conducir a los culpables a la hoguera sin juicio de por medio, acción que ha permitido que autoridades locales, federales y en menor medida municipales, señalen que la responsabilidad recae sus pares y arrojen toneladas de culpa sobre sus homólogas tratando de evadir la carga que realmente les corresponde. Al linchamiento generado, aún incluso si fuese de buena fe, por comunicadores de diferente tesitura y ralea, se suman bravatas de políticos de diferente nivel, color y origen exigiendo, unas el castigo de las otras mientras que personeros presidenciales medran políticamente con la tragedia.

Que las normas de funcionamiento de las guarderías subrogadas, ya sea que se trate del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Secretarías de Salud, sean insuficientes para garantizar el correcto funcionamiento de este tipo de instituciones, que la manera de asignarlas sea claramente discrecional y que permita que gocen de ella parientes de presidentes, gobernadores y funcionarios de alto nivel sin mayor experiencia en el ámbito educativo y merced a ella reciban cifras multimillonarias, que la tragedia de la guardería ABC vincula por igual al titular del ejecutivo federal y al local mediante parientes que los enlazan familiarmente, que por tratarse de quienes se trata se ignore la aplicación de reglamentos y medidas, que los manuales exijan que las puertas de emergencia permanezcan cerradas para garantizar que ninguno de los menores salga de las instalaciones o sea sustraído de las mismas, que derivado de los mismos se otorgue a funcionarios menores sólo responsabilidades administrativas y no las de inspección y vigilancia, que las guarderías institucionales sean atendidas por gentes que ascienden mediante el escalafón y que por arte de magia de auxiliares de afanadoras se conviertan en auxiliares de guardería sin importar preparación y experiencia mientras que en las particulares se contrate a personal carente de instrucción, que las guarderías del DIF y SEDESOL respondan más a la solución de necesidades sociales que a criterios de seguridad, pedagógicos y médicos, indicaría la necesidad de generar políticas públicas idóneas como parece podría derivarse de la proposición de un punto de acuerdo suscrito, el miércoles 10 de junio del 2009 por seis senadores y otros tantos diputados de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, miembros de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional.

La exposición de motivos señala, coincidiendo con cuestionamientos de la opinión pública señala que la tragedia “nos obliga a actuar sin demora para saber que fue lo que realmente ocurrió ahí.”, “Como representantes populares tenemos la obligación de intervenir y de allegarnos la información oficial, no sólo de las condiciones materiales en que operaba esa estancia en particular, sino de las políticas que rigen el funcionamiento de un servicio público fundamental, que además es un derecho de las madres trabajadoras, a cargo de una institución de seguridad social, la más importante del país, como es el Instituto mexicano del Seguro Social. Porque lo importante es que una desgracia como la que ocurrió en Hermosillo no se vuelva jamás a repetir.”,” Nadie pude pensar que un hecho de esas dimensiones, que ha causado tanto dolor a familias enteras y ha consternado a la sociedad sonorense, y a todo México, tenga otro origen que no sea el de un accidente funesto. Pero sí tenemos el deber de preguntar, de conocer, de indagar todas y cada una de las circunstancias que propiciaron que un accidente tuviera esas consecuencias inconcebibles. Comenzando por el hecho de que una guardería funcionara en un establecimiento que fue bodega y que, además, era contiguo a un almacén, a una vulcanizadora y estaba cerca de una gasolinería.”.

En declaraciones a los medios de comunicación el procurador estatal, Abel Murrieta, describió como pudo iniciarse el siniestro a causa del sobrecalentamiento de un sistema de aire frió, un “cooler”, instalado en el almacén vecino a la guardería, cuyos sistemas de detección de incendios no funcionaron porque las llamas y el humo penetraron por la parte superior del techo, por encima del plafón, propiciando que las maestras y el personal de la guardería se percataran del siniestro cuando materialmente el techo y las llamas se les vinieron encima. Por eso la enorme cantidad de víctimas fatales ¿Cómo es posible que esas condiciones materiales no hayan sido previstas? ¿Existen normas al respecto en el IMSS? ¿Cuáles son? ¿Se cumplieron en este caso?
Todo esto tiene una importancia fundamental, porque los datos indican que el número de guarderías subrogadas a particulares en el país, ha crecido enormemente en los últimos años. De acuerdo con cifras del propio instituto, existen 1,562 guarderías registradas, de las cuales sólo 142 son directamente atendidas por el IMSS. Ese es el mismo número que existía en el año 2000. Desde 1999 no se ha construido una solo guardería más a cargo del IMSS.

En cambio, el número de guarderías operadas por particulares se dispara a partir del 2001. En ese año pasan de 692, a 1,163, para llegar en 2009, a la cifra ya citada de 1,562. Eso se debe al esquema de contratación de guarderías subrogadas, esto es, se trata de particulares que prestan servicios a derechohabientes del IMSS. Los propios datos del instituto muestran que el costo de operación de una guardería subrogada es de 2 mil 458 pesos por niño, mientras los de una estancia infantil del IMSS son de 4 mil pesos por infante, porque en el primer caso se ahorran costos de operación y laborales.

Es decir, prevalece el criterio meramente financiero, por sobre el de la calidad del servicio. O lo que es lo mismo, el obtuso criterio de la “changarrización”, el de la transferencia de una responsabilidad pública a particulares, con una visión de negocio, aplicada a un servicio social que, como en el caso de las guarderías o estancias infantiles, tiene como sujetos de atención a menores en la etapa más vulnerable de su desarrollo físico, emocional y psicológico.
El otro tema es el de las normas de operación, porque con esos criterios de ahorro ¿cómo puede esperarse que se cubran las necesidades materiales, de personal, de alimentación, de acondicionamiento, de desarrollo afectivo y psicológico que demanda la población infantil de esas edades preescolares?

En Sonora, por ejemplo, existen 88 guarderías a cargo del IMSS, pero de esas, 77 son del tipo subrogado y únicamente 11 son operadas directamente por el instituto, lo cual indica que la mayoría de la población infantil derechohabiente recibe atención de bajo costo y puede pensarse que de baja calidad.

Esto sin entrar en los nombres involucrados en la propiedad de esas guarderías que, como en el caso de la guardería ABC en Sonora, tiene tufo de tráfico de influencias que las autoridades deberán aclarar con todo detalle para no dejar lugar a dudas e incrementar la justificada indignación de la sociedad. Es inadmisible que prevalezca la óptica del negocio, tratándose de un asunto tan delicado como es la atención y el cuidado de los niños.

Lo ocurrido en Hermosillo, debe llamarnos también a revisar los sistemas y las normas de seguridad y protección civil que prevalecen en las entidades y municipios, porque no debe haber lugar a omisiones y negligencia, que ha tenido fatales consecuencias, no solamente ahora sino en otros sucesos lamentables. Recuérdese el caso de la discoteca news divine en la que murieron varios adolescentes e incluso policías, por fallas de seguridad y en materia de protección civil.”.