LOS CULPABLES

Irritados, quejumbrosos, mal encarados, funcionarios de diversas esferas gubernamentales lo mismo que el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) se enfrentan por un asunto, gravísimo por su propia naturaleza y que atrás de la tragedia que hasta ahora cobra la vida de 48 niñas y niños, oculta diferencias por las esferas de competencia, el estilo y la forma de gobernar. Partidarios unos de un ejercicio central, designados en sus encargos por voluntad del titular del ejecutivo federal y otros por deseo expreso de los electores, aunque este pudiese haber sido manipulado, salen los primeros en defensa de su jefe, al que quisieren proteger de un mal trato prodigado por un ejecutivo estatal y otros por la defensa de una maltrecha soberanía local, como si se tratara en el primer caso de defender al hermano bravucón que pega y corre en tanto que en el segundo, el actor responde indignado a la menor provocación.

Acostumbrada como está la sociedad, deja siempre que otros tomen decisiones por ella y de esa no se salvan ni los mandatarios estatales, quienes eligen o palomean con beneplácito a quienes considerados incondicionales y quienes escudados en facultades establecidas explícitamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprometen hacienda, vida y milagro de quienes padecen los usos y abusos de los poderes centrales, locales y por qué no también de los municipales.

Que “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, teniendo como base su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre”, artículo 115 de la constitución política. Que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”, artículo 39 del texto, y que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”, capítulo I, del Título segundo de la constitución, y que, quienes herederos de una mescla indígena y española adoptaron como forma de vida la de un pacto federal; “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”, artículo 40 y que estos a través de convenios de coordinación establecen esferas de competencia -Ley de Coordinación Fiscal, y considerando como reza la teoría que todo aquello que no se encuentra reservado para la federación es competencia de los estados y que lo mismo sucede cuando en tratándose de los municipios les compete todo aquello que no se encuentra bajo la tutela de la federación ni de las entidades. Que de acuerdo a la división de poderes establecida en el artículo 49 del capítulo I del título III -De la División de Poderes- “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Que Diputados y Senadores del Congreso de la Unión tienen “El derecho de iniciar leyes o decretos” y que adicionalmente cuando se trate de alguna modificación a la Constitución, ésta deberá ser aprobada por el 50 por ciento más uno de los Congresos de los Estados. Que los diputados representan a la voluntad de los ciudadanos y los Senadores velan por los intereses de las entidades libres y soberanas y que mediante su actividad legitiman actos de gobierno, es clara la responsabilidad de estos personajes.

Ellos y nadie más que ellos, diputados locales, federales, senadores aprueban lo que luego reprueban mandatarios de entidades y municipios y que les enfrenta entre ellos y a las autoridades locales con las federales. Ellos legislan reforzando la supremacía del ejecutivo federal y la de sus personeros sobre quienes representan a los estados libres y soberanos. Ellos en los Congresos Estatales aprobaron el Acuerdo Nacional para La Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEByN) firmado por los gobernadores postacuerdo entre Carlos Salinas de Gortari y Elba Esther Gordillo Morales, acuerdo que otorga la titularidad de las relaciones laborales colectivas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sin tomar en consideración principios de la legislación laboral. Ellos y nadie más que ellos aprobaron la fiscalización de los fondos federales ejercidos por los gobiernos locales, fondos que antaño tuviesen la categoría de ser considerados recursos estatales al ingresar a las arcas de las entidades. Ellos aprueban que en materia educativa, la federación se reserve todo lo relativo a planes y programas de estudio y a las facultades financieras y normativas y dejen la operación a las autoridades educativas locales. Sin duda por esas cosas y otras más cuyo recuento sería interminable, son los responsables de la situación caótica que padece la Nación.