LA TAREA

La escandalosa transferencia de recursos financieros –más de 550 millones de pesos mensuales, alrededor de seis mil quinientos millones de pesos anuales- realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a particulares, (políticos empleados y desempleados, familiares de ejecutivos locales y federales y de senadores de la república, gente bonita, gente bien) beneficiados con el régimen de subrogación de servicios de guarderías, implica una operación de más del cincuenta por ciento del presupuesto autorizado para el ejercicio del año fiscal 2009 por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión destinados a ese “nobilísimo” instituto y explica, en parte, el déficit por más de 15 mil millones de pesos con el que opera IMSS de manera regular. La designación discrecional de recomendados sin mayor preparación que la de ser gerente de una cadena de taquerías (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, julio 19), que no cubren “el perfil” que requieren puestos tan estratégicos, como el de responsable nacional del servicio de guarderías en que la ex titular fuese designada tan solo en razón de la amistad, debe concluir por las razones que implica.

La ocupación del Estado libre y Soberano de Michoacán denunciada por Leonel Godoy, titular del ejecutivo de esa entidad, no sólo violenta de manera expresa cualquier convenio de coordinación pactado entre los diferentes niveles de gobierno, señalara el gobernador, sino que además, atenta de manera clara y directa en contra del pacto federal a pesar de la justeza o no que respalde las decisiones del ejecutivo federal al enviar a contingentes armados en contra de grupos de delincuentes organizados.

La confronta entre autoridades educativas locales de las 31 entidades que suscriben el pacto federal y la Auditoría Superior de la Federación por la por el ejercicio incorrecto de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) asignados a los Estados derivados de prestaciones acordadas mediante la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEByN) suscrito por Elba Esther Gordillo Morales, ahora presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gobernadores de los Estados Libres y Soberanos y el testimonio de Carlos Salinas de Gortari, en su momento (1992) titular del ejecutivo federal, por el cual se reconocen las prestaciones derivadas de los usos y las costumbres de que gozaban los afiliados al SNTE a la firma del acuerdo, como el pago incorrecto, violatorio de la legislación laboral, anterior a 1992, de los salarios de los comisionados sindicales federales realizado históricamente por las autoridades educativas federales, ahora impugnado a las autoridades educativas locales; son sólo tres ejemplos que señalan la pertinencia por revisar las implicaciones del pacto federal.

A ellas podría sumarse el mantenimiento de una legislación laboral que propicia el corporativismo de los gremios al servicio del Estado, la perpetuación histórica de los líderes sindicales, la violación a los derechos humanos de quienes son obligados a pertenecer a un organismo gremial sin importar que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de los Trabajadores reconozcan la libre sindicación de los trabajadores. Podrían adicionarse en materia educativa, la revisión de pactos entre líderes perpetuos y gobernantes para imponer proyectos como la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) al margen de lo que establecen los artículos 26 y 26 constitucionales y el Sistema Nacional de Planeación Democrática lo mismo que derechos –prebendas- otorgados por la administración cuyo objetivo es el del garantizar la incondicionalidad política de dirigentes y organizaciones que lastiman al grueso de la población.

Así, la tarea que espera a los diputados que habrán asumir sus responsabilidades el ya cercano 1 de septiembre del 2009 -LX legislatura del Congreso de la Unión- es enorme. Con una clara mayoría de diputados emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a partir de ese día serán los responsables de asignar presupuestos, de adoptar una política tributaria equitativa, que grave a las grandes corporaciones nacionales y multinacionales actualmente exentas del pago de impuestos, favorable para las grandes masas de trabajadores, delimitar claramente atribuciones y responsabilidades a las que debiesen someterse autoridades federales, locales y municipales, establecer claramente sanciones, generar organismos autónomos locales con atribuciones para perseguir delitos en los que incurran los gobernantes de las entidades y los municipios. En una palabra so pena de ser condenados por todos, los diputados emanados del revolucionario institucional tienen la obligación de recomponer el pacto federal a fin de al mismo tiempo que respetar la soberanía de las entidades, generar en todos los niveles de la administración, los mecanismos que garanticen el uso correcto del erario.