Señalada por involucrados como escandalosa, manipulada, tramposa, filtrada a medios nacionales y a uno en particular, elaborada sobre las rodillas por mantener, entre 5 y 7 días, la presencia de un enviado de tercer categoría del despacho en las entidades federativas, curiosamente coincidente en las conclusiones emitidas para calificar la actitud de las administraciones educativas locales y otras tantas linduras como las relacionadas con el cuestionado reparto del dinero proveniente del FAEB, la auditoría realizada por el despacho “RSM Bogarín, Erhard, Padilla, Alvarez y Martínez” referida por Cirilo Salas Hernández, (La Jornada de Oriente, Mónica Camacho, 17-01-09), elaborada por encargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal tiene un carácter oficioso que no oficial.
Fechado el 21 de julio del 2008, el “Informe por entidad federativa de la auditoría externa a los elementos constitutivos para la distribución del FAEB”, integrante del “INFORME SOBRE LA AUDITORÍA EXTERNA A LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA FORMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL” elaborada con el “Objetivo específico” para “Determinar el nivel de confiabilidad y consistencia de las cifras de matrícula pública de inicio de educación básica que se obtiene mediante los formatos del Sistema de Estadísticas Continuas 911 y validar que los datos integrados a nivel nacional correspondan a la información estatal”, a mas de perseguir “…el cumplimiento de las normas que establece la Dirección General Adjunta de Planeación e Información (DGAPI) de la SEP” para la captura y procesamiento de información relativa a la matricula y confrontar los alumnos reportados por las entidades federativas versus los registrados por la dependencia educativa federal.
Pero y al margen de una auditoría cuyo propósito sería, presuntamente, el de incidir negativamente en las negociaciones que habitualmente realizan autoridades locales y federales incluidas las hacendarias, por el reparto de las aportaciones federales provenientes del FAEB, que cubren de manera etiquetada con los pagos de sueldos de sueldos, salarios y prestaciones -sólo parcialmente- de la nómina de origen federal, ahora federalizada, soporte de las obligaciones contraídas con los trabajadores de la educación al servicio de la federación hasta la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) y Normal (ANMEByN) transferidos a las entidades en virtud del pacto Salinas-Gordillo de 1992, mediante filtraciones que muestran la existencia de un ejército de aviadores justificados bajo el formato de comisionados al SNTE, salarios exorbitantes para un elevado número de trabajadores de élite superiores, la percepción anualizada superior a los 560 días de salario que cobran los trabajadores de la educación al servicio del Estado, mientras que laboran, en el caso de la entidad de Zaragoza, un promedio de 160 días al año, la existencia de trabajadores fantasma reportados por las autoridades educativas locales frente a la plantilla reconocida por las autoridades educativas federales para incrementar su participación presupuestal en los fondos referidos de manera tramposa, a pesar de la declaración tácita del documento de auditoría que señala que en materia de “Presupuestación de plazas: El estado muestra una razonable eficiencia (21%) en cuanto al pago de plazas, pues rebasan lo presupuestado”, Cirilo Salas Hernández, Secretario General del Comité Ejecutivo de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tiene la obligación moral de aclarar declaraciones, atribuidas a él por la reportera de la Jornada de Oriente, sobre actos constitutivos al menos, de ser considerados faltas administrativas y/o delitos como el de peculado y desviación de fondos.
Que “Darío Carmona desvió recursos provenientes del FAEB para beneficio del PRI”, que “Fueron funcionarios funcionarios de la administración estatal y no maestros los que se beneficiaron con el manejo arbitrario de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica”, que funcionarios de la administración estatal con goce de salario cobraron por intermedio de la nómina que cubre los salarios de los trabajadores de origen federal para dedicarse a actividades proselitistas a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que cobraron en la nómina de comisionados sindicales, que cuando tengan la relación podrán identificar a las personas que no son oficialmente sus beneficiarios.
Sin duda alguna las revelaciones atribuidas al líder merecen ser validadas por él con las pruebas que soportan su dicho, so pena de ser consideradas especulaciones vertidas con el propósito de justificar el desvío de fondos en el que de manera sistemática incurre el SNTE, al dedicar a actividades proselitista a favor del Partido Nueva Alianza (PANAL), a los comisionados de manera oficial para realizar actividades propias de la organización como quedó demostrado por declaraciones de maestros parte de la estructura sindical, marginados de la dirigencia sindical por ser parte del grupo de Martha Cortés Chumacero.
Comentario al margen merece señalar que Cirilo y los trabajadores de la educación de origen estatal cobran con cargo a la nómina que emite la administración local y no a la del FAEB que sí cubre las percepciones de los de origen federal, que la legislación laboral sólo contempla la separación de los trabajadores que desempeñan una comisión sindical sin la pérdida de sus derechos como trabajadores ordinarios y sin la obligación del patrón a cubrir sus percepciones, mismas que deben darse con cargo al erario sindical, quienes deberían gozar de una licencia sindical sin goce de salario, que la auditoría oficial deberá ser entregada en la Cámara de Diputados en el transcurso de los próximos dos meses, elaborada por el propio órgano de fiscalización de la propia cámara, que de acuerdo al informe de auditoría del despacho no se tomaron en cuenta las percepciones pagadas en retribución a las horas laboradas por trabajadores de la educación que aún no cuentan con plazas de tiempo completo y que convertidas darían un total de casi 11 mil plazas que explicarían la diferencia a la que alude el propio Cirilo.
Fechado el 21 de julio del 2008, el “Informe por entidad federativa de la auditoría externa a los elementos constitutivos para la distribución del FAEB”, integrante del “INFORME SOBRE LA AUDITORÍA EXTERNA A LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA FORMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL” elaborada con el “Objetivo específico” para “Determinar el nivel de confiabilidad y consistencia de las cifras de matrícula pública de inicio de educación básica que se obtiene mediante los formatos del Sistema de Estadísticas Continuas 911 y validar que los datos integrados a nivel nacional correspondan a la información estatal”, a mas de perseguir “…el cumplimiento de las normas que establece la Dirección General Adjunta de Planeación e Información (DGAPI) de la SEP” para la captura y procesamiento de información relativa a la matricula y confrontar los alumnos reportados por las entidades federativas versus los registrados por la dependencia educativa federal.
Pero y al margen de una auditoría cuyo propósito sería, presuntamente, el de incidir negativamente en las negociaciones que habitualmente realizan autoridades locales y federales incluidas las hacendarias, por el reparto de las aportaciones federales provenientes del FAEB, que cubren de manera etiquetada con los pagos de sueldos de sueldos, salarios y prestaciones -sólo parcialmente- de la nómina de origen federal, ahora federalizada, soporte de las obligaciones contraídas con los trabajadores de la educación al servicio de la federación hasta la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) y Normal (ANMEByN) transferidos a las entidades en virtud del pacto Salinas-Gordillo de 1992, mediante filtraciones que muestran la existencia de un ejército de aviadores justificados bajo el formato de comisionados al SNTE, salarios exorbitantes para un elevado número de trabajadores de élite superiores, la percepción anualizada superior a los 560 días de salario que cobran los trabajadores de la educación al servicio del Estado, mientras que laboran, en el caso de la entidad de Zaragoza, un promedio de 160 días al año, la existencia de trabajadores fantasma reportados por las autoridades educativas locales frente a la plantilla reconocida por las autoridades educativas federales para incrementar su participación presupuestal en los fondos referidos de manera tramposa, a pesar de la declaración tácita del documento de auditoría que señala que en materia de “Presupuestación de plazas: El estado muestra una razonable eficiencia (21%) en cuanto al pago de plazas, pues rebasan lo presupuestado”, Cirilo Salas Hernández, Secretario General del Comité Ejecutivo de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tiene la obligación moral de aclarar declaraciones, atribuidas a él por la reportera de la Jornada de Oriente, sobre actos constitutivos al menos, de ser considerados faltas administrativas y/o delitos como el de peculado y desviación de fondos.
Que “Darío Carmona desvió recursos provenientes del FAEB para beneficio del PRI”, que “Fueron funcionarios funcionarios de la administración estatal y no maestros los que se beneficiaron con el manejo arbitrario de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica”, que funcionarios de la administración estatal con goce de salario cobraron por intermedio de la nómina que cubre los salarios de los trabajadores de origen federal para dedicarse a actividades proselitistas a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que cobraron en la nómina de comisionados sindicales, que cuando tengan la relación podrán identificar a las personas que no son oficialmente sus beneficiarios.
Sin duda alguna las revelaciones atribuidas al líder merecen ser validadas por él con las pruebas que soportan su dicho, so pena de ser consideradas especulaciones vertidas con el propósito de justificar el desvío de fondos en el que de manera sistemática incurre el SNTE, al dedicar a actividades proselitista a favor del Partido Nueva Alianza (PANAL), a los comisionados de manera oficial para realizar actividades propias de la organización como quedó demostrado por declaraciones de maestros parte de la estructura sindical, marginados de la dirigencia sindical por ser parte del grupo de Martha Cortés Chumacero.
Comentario al margen merece señalar que Cirilo y los trabajadores de la educación de origen estatal cobran con cargo a la nómina que emite la administración local y no a la del FAEB que sí cubre las percepciones de los de origen federal, que la legislación laboral sólo contempla la separación de los trabajadores que desempeñan una comisión sindical sin la pérdida de sus derechos como trabajadores ordinarios y sin la obligación del patrón a cubrir sus percepciones, mismas que deben darse con cargo al erario sindical, quienes deberían gozar de una licencia sindical sin goce de salario, que la auditoría oficial deberá ser entregada en la Cámara de Diputados en el transcurso de los próximos dos meses, elaborada por el propio órgano de fiscalización de la propia cámara, que de acuerdo al informe de auditoría del despacho no se tomaron en cuenta las percepciones pagadas en retribución a las horas laboradas por trabajadores de la educación que aún no cuentan con plazas de tiempo completo y que convertidas darían un total de casi 11 mil plazas que explicarían la diferencia a la que alude el propio Cirilo.
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