Mito electoral

Las declaraciones de Cirilo Salas Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), permiten desbrozar un litigio mediático suscitado entre otros, por Otto Granados, Emilio Zebadúa, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y académicos de instituciones de educación superior locales y nacionales. Que los resultados de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) se verán en 20 años, señalaría dirigente local, y que –acotación personal al margen– las trabajadoras y trabajadores de la educación seguramente también cobrarían sus incrementos salariales y de prestaciones cuando se demuestren resultados; que se llevan invertidos en el programa más de 72 mil millones de pesos, y que tras tres años aliancistas “los docentes de Puebla cuentan con 20 puntos porcentuales menos... en los conocimientos didácticos y escolares para dar clases, los cuál propicia que los alumnos obtengan magros resultados en la Evaluación Nacional para el Logro Académico de los Centros Escolares (ENLACE).”, señalarían integrantes de las organizaciones civiles, (http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/05/19/puebla/edu107.php), que es necesario crear “una sede” local Instituto Nacional de Evaluación de la Educación “con el objetivo de elevar la calidad académica y responder a las necesidades en las más de 12 mil escuelas públicas.” (http://econsulta.com/portal/index.php?option=com) y que ese instituto debiese medir a “las autoridades educativas”, a “los propios maestros” y las “condiciones particulares de la entidad” –evaluación a modo de los interesados– agrega la nota de referencia en alusión a lo dicho por Cirilo y que de acuerdo a la fuente citada implicaría un grave retroceso en la calidad de los docentes que prestan sus servicios en 25 entidades de la República.

Críticos la mayoría de los citados al referirse al SNTE y al sistema educativo mexicano, panegírico otro al refutar a los primeros –Emilio Zebadúa González– quien casualmente se desempeña como presidente de la Fundación para la Cultura del Maestro y miembro del Partido Nueva Alianza (Panal), polemizan, para gracia y beneplácito de los simples mortales, en un asunto que es toral para la vida pública nacional, que se abordará en esta y en otras dos entregas.

Abogado de origen, académico experto en políticas públicas, Otto Granados Roldán, ex gobernador constitucional de Aguascalientes, secretario particular de Jesús Reyes Heroles, director general de Comunicación Social de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari cuando este se desempeñase como titular del Ejecutivo federal, entre otras gracias, ausente de la reflexión de Zebadúa a la que él propio autor titula “El círculo de críticos: la politización de la educación”, comenta, al cuestionar la calidad del sistema público de educación que; “Entre los mitos paladinamente aceptados por quienes deciden políticas públicas de este país –del presidente de la República y su secretario de Educación hasta buena parte de los gobernadores, legisladores y no pocos intelectuales– está el de que para ganar una elección es indispensable el apoyo del SNTE, el cual, a su vez, está condicionado a no tocar la estructura de control que dicha organización ejerce sobre la administración educativa y ésta, en suma, es imposible reformar si no se cuenta con el aval sindical.

En suma: un círculo vicioso, tortuoso, envenenado y, peor aún, errado porque, por un lado, es perfectamente posible ganar elecciones sin el magisterio (como fue el caso, con amplitud, del propio Estado de México en 2005 o de las legislativas de 2009 para el PRI) y, por otro, porque hay evidencia de que las reformas educativas exitosas suelen hacerse, casi por definición, sin el respaldo gremial.”.

Granados señala que el cambio del sistema educativo nacional debe darse de manera obligada, por etapas y la primera de ellas debe ser “la gobernanza”. “En esa fase entran la rendición de cuentas; las cuotas sindicales; el reemplazo del esquema de incentivos de carrera magisterial; el nombramiento de directores, inspectores y supervisores; la fijación de los aumentos salariales y las prestaciones en función del desempeño y los resultados obtenidos; la introducción de candados a la doble negociación salarial con los estados; el reordenamiento del gasto educativo federal, y un largo etcétera.”. Al el etcétera de Otto debe añadirse la conclusión de obligación política de recaudar y entregar las cuotas al SNTE asumida oficiosamente por las administraciones gubernamentales emanadas de los partidos revolucionario institucional y de acción nacional, la libertad de agremiarse con el sindicato de su preferencia y a él tributarle de manera voluntaria.

Granados señala que si el mito electoral es sólo eso, un mito, sólo se requiere voluntad política para mejorar sustancialmente la calidad de la educación y promover una reforma del sistema educativo acción que para el autor de referencia no sólo es “una obligación política, sino sobre todo un deber ético.”. Otto remite a los interesados en el tema y señala previamente a la conclusión esbozada que, “El reciente informe McKinsey es contundente: los sistemas educativos se reforman cuando hay una crisis socio–económica en el país (no es el caso), un reporte crítico de alto perfil (lo conocido hasta ahora no alcanza tal nivel de fuerza o legitimidad) o un nuevo liderazgo. “De lejos”, en 15 de 20 países “el evento más común que lanzó una reforma fue el cambio de liderazgo: todos y cada uno de los sistemas estudiados se apoyaron en la presencia y energía de un nuevo líder, ya fuera político o estratégico, para lanzar las reformas.” (McKinsey “¿Cómo se convierte un sistema educativo de bajo desempeño en uno bueno?”, diciembre 2010).”. Termina por preguntar si.

¿Existe en México ese líder?