Péguenle al blanco

Hace algunos días, “la Cornada” comentaba y preguntaba “Es lamentable, pero un día se irá Darío Carmona. ¿En quién se va a inspirar esta sección?”, la respuesta a ese inquérito de conocimiento científico tendrá seguramente nombre y apellido, y será seguramente el del nuevo titular encargado del despacho educativo de la administración que encabece Rafael Moreno Valle. El como muchos otros, entre ellos el propio Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública (SEP) federal, cargan y cargarán no sólo con la responsabilidad de sus actos pues llevan y llevaran a cuestas una historia nacional y local de encuentros, desencuentros, pendientes y fracasos del que hacer educativo que, en el corto plazo, tiempo constitucional de una administración, no serán solubles hasta en tanto la sociedad y la clase política, elaboren nuevas reglas del juego, firmen un pacto político que de a la educación y a la política educativa un rango de política de Estado, en el que efectivamente la educación se convierta en el interés superior de la nación, por encima de intereses particulares y trátese de quien se trate, ponga a todos en su lugar, fije nuevos objetivos, elabore nuevas metas y estrategias, defina acciones, obligue a sus trabajadoras y trabajadores, coordine con otros ámbitos de gobierno e induzca a los particulares para el logro de lo que establecen y establezcan planes y programas de desarrollo nacionales y locales.

Lamentablemente para Adolfo Mota Hernández, Rogelio Rodríguez Ruiz y Francisco Chávez Rangel, nuevos titulares de la Secretaría de Educación Veracruz y de los Institutos de Educación de Oaxaca y Aguascalientes con el cobro del salario les van aparejadas las responsabilidades, muchas de ellas derivaran de sus actos al frente de los despachos educativos ahora a su encargo, pero otras, inherentes al sector que encabezan en sus respectivas entidades, les tienen ya con el cuello en la picota así lleven sólo seis días disfrutando de las oficinas en las que ahora despachan y vengan precedidos de glorias anteriores y/o pesen sobre ellos antecedentes, que los medios resaltan, por haber golpeado a sus parejas.

Entre las responsabilidades administrativas estos tres funcionarios entrantes y otros siete que les acompañan o pronto les acompañaran en otras entidades, se encuentran las relacionadas con el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ya que independientemente de que los gobiernos locales de antecedentes hayan firmado el Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de ISR, de derechos y aprovechamientos que con fecha 5 de noviembre emitiera el titular del Ejecutivo federal, decreto mediante el que se concluye con una prestación reconocida, minutas de por medio firmadas por la SEP y el Sindicato nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se desconoce la Tabla Reversa, mecanismo que implica la cancelación de transferencias de recursos económicos virtuales que hacía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las Secretarías de Educación locales y el pago virtual realizado por los últimos, deberán elegir entre cobrar y trasladar un impuesto que pagan el resto de las y los trabajadores de diferentes ramas y sectores económicos y enfrentarse con la organización que preside Elba Esther Gordillo Morales o absorverlo y pagarlo con cargo a recursos del erario local, con el deterioro consecuente de las finanzas estatales, la cancelación de obras y/o servicios por el monto equivalente y que en la entidad suman más de mil 800 millones de pesos en los seis años de la administración de Mario Marin.

De la misma manera deberán de inmediato tomar una decisión que implique la cancelación del personal comisionado a labores sindicales y a otras labores administrativas so pena de persistir en un incumplimiento observado por la Auditoría Superior de la Federación, derivado en el artículo 9 de los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) 2010 y 2011, que retomando el Acuerdo 482 “por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)”, prohíbe “Apoyos a secciones sindicales; II. Eventos públicos no educativos; III. Adquisición de vehículos destinados a personal de mando para uso no oficial; IV. Gastos de comunicación social no relacionados con el tema educativo; V. Plazas con funciones distintas a la educación básica y normal; VI. Pagos de dobles plazas en entidades federativas no colindantes”, soportado además, por la normatividad vigente que obliga a las autoridades educativas para otorgar a trabajadoras y trabajadores licencias sin goce de salario para gozar de licencias sindicales establecido en el artículo 51 del Reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la SEP (1946), ratificado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B de la Ley federal del Trabajo (1963).

Pero, y a más de cargar con el peso de esas observaciones y otras que derivan de acuerdos federales, usos y costumbres, los encargados de los despachos educativos deberán soportar, en el caso del de Aguascalientes, una deuda creciente, que tiene a la entidad al borde de la quiebra, producto de un pago de 750 días de salario anualizado a trabajadoras y trabajadores de la educación y en los casos de él y de los nuevos funcionarios de las entidades que representan y que comparten con el resto de la República, padecen un grave rezago educativo que de acuerdo a la Comisión de Educación y Servicios de la Cámara de Diputados y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ronda en los 35 millones de habitantes, (Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 200”), ente que señala, además, que sólo 25 por ciento de mexicanas y mexicanos entre 15 y 34 años de edad cuenta con estudios de preparatoria y bachillerato o equivalente mientras que la escolaridad para este grupo de edad en países miembros de la OCDE es a la inversa, de 75 por ciento.

Sucede lo mismo con fenómenos como el analfabetismo y baja calidad escolar. En México 7.9 por ciento (5 millones 915 mil personas) no sabe leer y escribir y entre 70 y 90 por ciento de niñas, niños que cursan la primaria, la secundaria y el bachillerato obtienen resultados insuficientes en las áreas de matemáticas, lecto–escritura, historia y ciencias. Las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes PISA aplicadas por la OCDE a niñas y niños entre 14 y 15 años de más refrendan resultados equivalentes y ubican a México como el que ocupa la última posición entre los países socios y el antepenúltimo cuando se evalúa a naciones invitadas.

Motivos y razones sobran y no son atribuibles a alguien en particular, pero permiten decir: péguenle al blanco.