Estructura académica

Denostados por los diputados Julio Castellanos Ramírez y Josefina Vásquez Mota, diputados de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) de la LXI Legislatura mediante una iniciativa de reforma de los artículos 26 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal y la inclusión del acuerdo 482 en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) 2011, observados en diferentes puntos de las auditorías de los ejercicio 2007, 2008 y 2009 practicadas a los recursos federales del ramo 33 entregados a las secretarías de Educación de las entidades mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), por la Auditoría General de la Federación, ventaneados mediante el portal de transparencia publicado en el sitio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por mandato establecido en el DPEF 2010, cuestionados por madres y padres de familia, asociaciones de padres de familia, actores del proceso educativo, medios masivos de comunicación y amplio grupos organizados de la sociedad civil, trabajadoras y trabajadores de la educación, sindicatos y agrupaciones de maestros y maestras y personal de apoyo a la educación incluidos los mayoritarios; el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) privilegiado por autoridades de la República y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y autoridades educativas locales deben, en un ejercicio de responsabilidad, generar más y mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Posturas justificadas, por el alto número de personal comisionado cuyo cifra indeterminada podría superar fácilmente a las tres decenas de miles en toda la nación, si no fuese que más, por sospechas que algunas diputadas y diputados, de todos sabores y colores, tienen al considerar que la opacidad con la aparentemente se manejan los recursos FAEB podría permitir la existencia de un ejercito de trabajadores y trabajadoras de la educación que, de entidad en entidad, participan en procesos electorales ajenos, por consejo público que señala que zutano, mengano y perengano, compadres, conocidos suyos y/o presuntos compañeros y compañeras de trabajo cobran sin trabajar por tener influencias con los líderes sindicales o por dichos de personal vinculado con el control y entrega de cheques en los centros de trabajo que desde antaño habrían señalado la existencia de dobles nóminas en algunos una de las cuales no tendría relación con el personal de la escuela, por resultados de auditoría publicados por la Auditoría General de la Federación a la que no le cuadran los números por ubicar centros de trabajo pagados en nómina que carecen de matrícula escolar y a la inversa, por usos y abusos sindicales o de grupos que para ampliar su base social, promover a sus compañeros y crear nuevos centros de trabajo generaban sin autorización movimientos de personal (Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación) o por retirarlos de las escuelas con la finalidad de “comisionarlos” sin tener la autorización expresa de las autoridades educativas que debiesen otorgarlas.

Para responder a reclamos justos de la sociedad, autoridades de diversos ámbitos han propuesto y validado, con la reciente “venia” y compromiso de Elba Esther Gordillo Morales, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE y de 22 diputados vinculados con la organización, miembros de cinco partidos políticos diferentes (14 de noviembre de 2010), compromisos con la transparencia y rendición de cuentas que aceptan medidas previamente autorizadas por el pleno de la Cámara de Diputados mediante el DPEF 2010, refrendados por ellos mismos en el de 2011, que incluyen la publicación del personal comisionados en el ámbito federal y la recomendación para ser imitados en el ámbito local, la publicación de sueldos, salarios y prestaciones de trabajadoras y trabajadores de la educación que muestra que un número muy elevado de personal homologado percibe cantidades que oscilan en los 40 mil pesos mensuales, lo mismo que existen quienes reciben salarios que rondan en los 100 mil pesos mensuales y cobran sueldos mayores que el que recibe el titular de la dependencia, la prohibición impulsada desde 2008 por Vázquez Mota en su desempeño como titular del despacho educativo de Felipe Calderón para otorgar apoyos a las organizaciones y sindicatos magisteriales con recursos del FAEB y otras medidas más.

En ese contexto podría incluirse el proyecto que para evaluar la distribución de servicios de nómina realiza (estructura académica), mediante un despacho externo en 10 entidades de la República, la subsecretaría de Educación Básica de la SEP federal a cargo de Fernando González Sánchez, cuyo objetivo sería, presuntamente, el de elaborar un diagnostico ocupacional de las escuelas del nivel básico para lo que requiere cruzar nominas contra personal que realmente labora en los diferentes centros de trabajo vinculando cada uno, con el rendimiento obtenido en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). El diagnóstico corrobora lo que madres y padres de familia y autoridades educativas locales han denunciado reiteradamente; las escuelas mono, bi, tetradocentes tienen menor rendimiento académico en la prueba ENLACE que las completas, un gran porcentaje de escuelas tiene más trabajadoras y trabajadores de la educación que los que requieren sin tener mayores logros en la pruebas de referencia que otras que tienen sólo el personal requerido y autorizado; en las escuelas secundarias las estructuras ocupacionales lineales muestran la existencia de docentes que sobran y materias que faltan en función de la modificación curricular y por los requisitos de matrícula para mantener un grupo, situación que comparten con las escuelas primarias (18 alumnos como mínimo), una gran cantidad de docentes imparte asignaturas diferentes al perfil profesional que adquirieron de acuerdo con su formación profesional.

Pero lejos de los afanes de control por el control mismo, de justificar medidas centralistas contrarias al federalismo y de culpar a las autoridades locales por el mal ejercicio de los recursos de origen federal, estudios como el presente muestran la realidad en la que se encuentran las instituciones de educación básica, permitirían sostener otro tipo de negociaciones con la organización laboral que beneficiaran a niñas y niños antes a las trabajadoras y trabajadores de la educación y permitirían establecer un vínculo con las evaluaciones, entendidas éstas como parte de un proceso que permita a transformación de las escuelas. Los acuerdos secretariales 96 y 97 establecen la organización y funcionamiento de las escuelas primarias y secundarias.