El pasado 9 de diciembre de 2010, el Pleno de la Cámara de Diputados de H. Congreso de la unión aprobó el dictamen que reforma los artículos tercero y treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la obligatoriedad de la educación media superior. Esta de reforma, de seguir el proceso legislativo correspondientes y ser ratificada por la Cámara de Senadores, significaría por lo menos, en términos de obligaciones para quienes gobiernen la entidad de Zaragoza, multiplicar por cuatro, entre los años 2011 y 2021, el número de alumnas y alumnos atendidos actualmente en la entidad (221 mil 773) para de manera obligatoria prestar el servicio, groso modo, a por lo menos 887 mil 092 jóvenes, multiplicando por cuatro también, al número de trabajadoras y trabajadores de la educación con los que actualmente se les ¿atienden? (14 mil 717) para contar por lo menos con una planta docente de 58 mil 868 maestras y maestros y de la misma manera incrementar el número de planteles dedicados a ellas y ellos en 4 mil 029, para pasar de mil 343 a 5 mil 372 que se requerirán, y destinar recursos financieros crecientes, superiores en cuatro tantos, a los destinados anualmente a ese subsistema (339.8 millones de pesos) mil 359.2 millones de pesos.
Con extrema celeridad la Cámara de Diputados y con el deseo de pasar a la historia a pesar del fracaso constitucional para tornar en obligatoria la educación preescolar (ciclo escolar 2004) aún no alcanzada a pesar de la ampliación de los tiempos y de la voces de alerta vertidos por compañeros de Legislatura, de secretarios de Educación de las entidades de la Federación que puntualizan sobre la falta de recursos humanos y financieros, infraestructura, diputados de la XLI Legislatura reivindican la ampliación “del derecho social a la educación” (Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez –MJCCG– a nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación y Servicios Educativos con la opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública). Pero, y a pesar de los señalamientos de que en México sólo uno de cuatro alumnos en edad de cursar los estudios de educación media superior formulados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Canseco Gómez señala que en opinión de los compañeros, a los que representó mediante discurso, se debe “establecer una precisión conceptual con respecto al alcance de la obligatoriedad de la educación media superior, que señale que la reforma planteada estima el deber del Estado de ofrecer un lugar a quienes, teniendo la edad típica, hubieren concluido su educación básica. De tal suerte que pueda afirmarse que técnica y presupuestalmente es factible dar cumplimiento a la modificación planteada y que la cifra de ofrecimiento con carácter obligatorio se aproxime a la cifra que es de 96 por ciento de absorción de los alumnos que salen de la educación secundaria a la educación media superior”.
Portavoz de sus compañeros, Canseco incluye en propuesta de reforma una al inciso c) de la fracción II del artículo tercero constitucional, que implican criterios, ideales les llama “de fraternidad e igualdad de derechos de todos,”, lo mismo que a la fracción I del artículo 31 del mismo ordenamiento, que obliga a los padres (le faltan las madres) y los tutores (se le olvidan las tutoras) para “hacer que sus hijos o pupilos concurran a escuelas públicas o privadas para obtener... educación preescolar, primaria, secundaria y media superior y, además, recibir la militar.”.
Ávidos por no quedarse atrás a pesar del reconocimiento de Canseco a las iniciativas presentadas por la diputada Diva Gastélum Bajo y a los diputados Germán Contreras García, por la obligatoriedad de la educación secundaria, y Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (el 20 de 2010) por la obligatoriedad de la educación media superior, la cargada en favor del proyecto, que salvo criterios de racionalidad entre el ingreso monetario del estado, 11 puntos del Producto Interno Bruto, y la pretensión por asignar ocho de ellos a la inversión en educación, vertidos en su momento por el Manuel Cloutier, diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, asunto que implica un incremento sustancial de la carga impositiva a los particulares y a la base gravable, permitió que diputados y partidos fijaran su postura: Roberto Pérez de Alva Blanco, Partido Nueva Alianza (Panal), “se pronuncia fuertemente a elevar a rango constitucional, la obligatoriedad de la educación media superior, reconociendo los retos presupuestales, académicos, laborales, y de todo tipo, que esto implica”, insistiendo en que “el compromiso es de todos. Estado y sociedad debemos trabajar conjuntamente para hacer de la educación la mejor inversión.
Los padres y madres de familia deben ser corresponsables y asegurarse de que niños y niñas, jóvenes se incorporen al sistema educativo en todos sus niveles”, a pesar de estar madres y padres de familia excluidos del texto del artículo tres de la Constitución, que reserva la responsabilidad a las autoridades de manera exclusiva.
Laura Arizmendi Campos, del Partido Convergencia por la Democracia (PCD), abunda al señalar el “grave déficit educativo del Estado mexicano, en este caso de la educación media superior... De acuerdo con las cifras que maneja el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, a los 12 años solamente 62 de 100 estudiantes se encuentran estudiando el primer año de secundaria y cuatro han dejado la escuela. Esta situación empeora a los 15 años, cuando sólo 42 por ciento cursa el año que normativamente le corresponde; es decir, el primer año de bachillerato y casi la cuarta parte de ellos ha desertado”.
Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo (PT), por su parte, lamentaría que la reforma propuesta se haga efectiva en un lapso de 10 años a pesar de señalar que “sabemos que el costo para que el próximo año la educación preparatoria fuese obligatoria sería de aproximadamente 500 mil millones de pesos; es decir, medio billón de pesos”, a pesar de ser el derecho a la educación un derecho universal, al tiempo en el que criticara el monopolio de planes y los programas en manos del Poder Ejecutivo federal.
Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), establecía que “el sistema educativo nacional tiene que corregir no sólo en inversión, sino también en enfoques programáticos, en programas y planes de estudio que garanticen al magisterio nacional, realizar su tarea en las mejores condiciones en infraestructura educativa. No basta con que hoy votemos esta reforma y las preparatorias estén abandonadas, como están abandonadas escuelas primarias, secundarias, talleres, etcétera”.
José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, al tiempo que recordara que más de 40 por ciento de quienes estudian en el nivel medio superior deserta antes de concluir esos estudios, que señalaría que “Acción Nacional quiere dejar muy claramente que debemos tener en cuenta que el financiamiento de la reforma requerirá de la concurrencia presupuestal de recursos federales, estatales de forma sustantiva, lo que en un escenario económico como el que atraviesa nuestro país puede ser complicado”.
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