CUESTIONAMIENTO SOSPECHOSO

Elba Esther Gordillo Morales, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló (cuestionamiento sospechoso) “que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, parece mas preocupado en buscar la presidencia de la República que en mejorar la calidad de la enseñanza”. “En declaraciones formuladas tras clausurar un seminario de dirigentes seccionales” (Antonio Heras, La Jornada, 5,09,2010, Pág. 5), coincidiendo así con pronósticos publicados con antelación que ubican al politólogo, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, como uno de los precandidatos a la presidencia de la República en 2012 por el Partido Acción Nacional (PAN).

Rota la paz social y la alianza entre la dirigente vitalicia del CEN del SNTE y Alonso Lujambio, luego de que el encargado del despacho educativo de la administración de Felipe Calderón hiciese campaña, de la mano con más de un secretario seccional del SNTE, en los estados de Veracruz, Puebla y Oaxaca por los candidatos de la alianza PAN–PRD–Panal, y tras una aparente definición de la doña y del SNTE a favor de la precandidatura de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, las declaraciones de Elba parecerían mas una postura de fuerza que busca preservar los privilegios de la organización frente a la entrega eminente de las iniciativas presidenciales que contemplan el presupuestos de ingresos y de egresos de la Federación 2011, documentos con los que desde 2008 Felipe Calderón buscaría acotar el poder de una alianza transitoria.

Alerta por los pésimos resultados que arrojara la quinta edición de la Evaluación Nacional de Logro Académico en los Centros Escolares de Primaria, Secundaria y Media Superior, la presidente del CEN del SNTE exculpa a sus congéneres por los resultados obtenidos, responsabiliza a la administración federal por una supuesta falta de continuidad de los funcionarios al frente del despacho –cinco secretarios en 16 años–, rechaza que el SNTE tenga secuestrada a la SEP, que exista un “amasiato” entre la organización y quienes se encuentran al frente de la dependencia y resalta que la educación no sea considerada como una prioridad nacional y como una política de estado.

Hábil en desmarcarse a tiempo, señala que el sindicato ha insistido en sentarse “a la mesa para evaluar las debilidades y fortalezas del federalismo educativo”, denuncia en la que existe una “dinámica tal que parece juego de ping pong entre los gobiernos federal y estatales, y eso ha complicado las cosas”, al tiempo que advierte que no existe “un mecanismo de evaluación” sobre la descentralización de la enseñanza y “urge a los miembros del sindicato, gobierno, medios de comunicación y sociedad a “revisar a fondo y estructuralmente” el sistema nacional de educación, para que haya una política de Estado que eleve la calidad a partir de la existencia de escuelas con horarios de tiempo completo y alimentación adecuada”.

Deslinda, disculpa, agita, señala, exige y merece una respuesta de la sociedad y de los actores del que hacer educativo, incluidas madres y padres de familia, de los medios de comunicación, de las instituciones incluidos los tres niveles y ámbitos de gobierno. Es claro que tiene razón y que la descentralización y el federalismo educativo deben ser evaluados fundamentalmente a partir de la adopción de una política, el Acuerdo Nacional para la Modernización Básica (ANMEB) y Normal, pactada en 1992 sólo entre el titular del Poder Ejecutivo, Carlos Salinas de Gortari, y Elba Esther Gordillo Morales, aceptada por los titulares de las administraciones estatales y legitimada por la sumisión de los Congresos locales al margen de cualquier otro miembro de la sociedad. Debiese suceder lo mismo con otra política pública concertada de la misma manera, el de la Alianza por la Calidad Educativa (ACE), convenida solamente entre Elba Esther Gordillo Morales y Felipe Calderón Hinojosa sin la participación de cualquier otro interesado a pesar de la gira para subordinar a los titulares de los gobiernos locales que fomenta la recentralización del proceso educativo mediante la adopción de medidas nacionales, como las de asignación de plazas para los docentes de nuevo ingreso, que modifica en la práctica disposiciones laborales establecidas en la legislación.

Esta práctica centralizadora se intensifica con la existencia de un sindicato nacional que negocia centralmente salarios, puestos de confianza y prestaciones, a pesar de la existencia de 32 patrones sustitutos de carácter local, quienes son sometidos arbitrariamente a una doble negociación con los titulares de las relaciones laborales decidida políticamente por quien impusiera a Elba al frente de la organización. Debiese también, con la participación social, revisarse el papel que de tesoreros del SNTE juegan las autoridades hacendarias y los gobiernos locales, al recaudar y entregar centralmente las cuotas sindicales que debiesen pagarles directamente quienes quisieran formar parte de la organización.

Cierto, se requiere una revolución educativa que revise “estructuralmente” al sector educativo, que defina objetivos, metas, acciones y estrategias a lograr, que defina el papel que debe jugar cada uno de los actores del que hacer educativo, que asigne responsabilidades claras a la Federación, estados y municipios, que democratice la vida de los sindicatos magisteriales y les haga funcionar de acuerdo con los normado en la legislación laboral, que concluya con las organizaciones sindicales de Estado, que obligue –a los maestros y maestras– a trabajar y a entregar cuentas a quienes cobran un salario sea cual fuere su rango y nivel, que comprometa a madres y padres de familias y a la sociedad en su conjunto para el logro de los fines y principios establecidos en la Constitución, que concluya con el monopolio central de planes y programas y con la propiedad privada de las plazas, y tantos asuntos más que sólo la propia sociedad podría definir.