En los últimos meses se recrudecido la violencia en el entorno educativo. Lo mismo corre a cargo de autoridades ajenas al ámbito escolar que de las educativas, que de personas vinculadas presuntamente con el crimen organizado, que de madres y padres de familia que protestan con o sin razón por diversos motivos, que de trabajadoras y trabajadores de la educación vinculados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) so pretexto de buscar la democratización de su gremio, que de docentes agremiadas y agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que agreden a niñas, niños, madres y padres de familia, que de niñas, niños y adolescentes que se enfrentan entre ellos con el menor de los pretextos.
Tal parece que la violencia ha tomado carta de naturalización en escuelas e instituciones, y que sería la forma "adecuada" para resolver las diferencias entre los actores o que tal ves, podría ser la única vía posible a la que recurrieran quienes afectados en sus intereses, la adoptasen para lograr sus reivindicaciones. En todo caso, justificada o no, la sociedad se encuentra más informada de lo que sucede en las instituciones y reacciona con mayor alarma.
Tal parece que la violencia ha tomado carta de naturalización en escuelas e instituciones, y que sería la forma "adecuada" para resolver las diferencias entre los actores o que tal ves, podría ser la única vía posible a la que recurrieran quienes afectados en sus intereses, la adoptasen para lograr sus reivindicaciones. En todo caso, justificada o no, la sociedad se encuentra más informada de lo que sucede en las instituciones y reacciona con mayor alarma.
Independientemente de la definición que el término pudiese tener en al ámbito del Derecho Penal, "La violencia es la presión síquica o abuso de la fuerza ejercida contra una persona con el propósito de obtener fines contra la voluntad de la víctima". Rutinaria en nuestras vidas, es utilizada "legalmente" por autoridades de deferente cuño y naturaleza para imponer medidas antipopulares por "razones de Estado", como el incremento de impuestos pactado por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, sobre los intereses de mayorías y minorías, pero también es moneda de cambio usada por grupos minoritarios para imponer su sentir por encima de lo que la sociedad quiere y opina, a pesar de que su uso pudiese ser, en la mayoría de las ocasiones, constitutiva de delitos tipificados en los códigos penales de las entidades y de la federación.
Recurso pedagógico antaño, era usada de manera concurrente por madres y padres de familia y por los profesores para lograr que hijas e hijos, alumnas y alumnos cumplieran con su deber, solicitada por los referidos para que de ser necesario fuera utilizada por maestras y maestros siempre y cuando garantizara el aprendizaje del conocimiento y de las buenas costumbres que la sociedad requería, aconsejada por niñas y niños para que sus compañeros hicieran caso de las indicaciones de las y los docentes, adquiere en los últimos años, nuevas características que la tornan preocupante.
En principio algunas escuelas y sus entornos se convierten en campo de batalla, sus alumnas y alumnos reos de muerte, son presa, los mismo que del "fuego cruzado" entre militares y presuntos sicarios del crimen organizado, que de ejecuciones tumultuarias a cargo de delincuentes, informan los medios, cuando son confundidos con miembros de bandas rivales o, en el menor de los casos secuestrados y secuestradas lo mismo por madres y padres de familia que toman las instalaciones escolares que por mentores que las defienden o bien a la inversa, maestras y maestros que ocupan las "plazas" y pater familias que pretenden recuperarlas. Los pretextos que "justifican" estas acciones giran en torno a denuncias por abusos de quienes tienen como objeto profesional educar a niñas y niños, administrar lo mismo a las instituciones que a las aportaciones voluntarias de madres y padres de familia y eventualmente como protestas al carencer de docentes o instalaciones adecuadas.
La defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación justificados en torno al pliego petitorio generan el suficiente pretexto para que muchas maestras y maestros desarrollen acciones violentas que atentan en contra de derechos de terceros perjudicados. Instalaciones de dependencias educativas en diferentes entidades de la federación son ocupadas por quienes quieren imponer puntos de vista en torno a la negociación salarial –y no estrictamente por grupos de institucionales ligados con el SNTE, pero también ellos-, sin importar que se trastoque el servicio educativo, se secuestre a empleados, funcionarios y usuarios del servicio incluidos niñas, niños y adultos de diferentes edades.
Pero las protestas y la violencia que acompañan a la negociación salarial incrementarán su virulencia conforme se acerque la hora de la respuesta protocolaria. Forma parte del proceso y de la doble negociación salarial que busca mejorar las percepciones de las y los trabajadores de la educación.
La violencia no es necesariamente el camino, sin importar la justeza de las demandas salariales que quienes pretenden una mejoría que resarza la pérdida del poder adquisitivo de la retribución, pueden, institucionales o no, tomar, diseñar estrategias que al mismo tiempo que les garanticen el logro de sus expectativas, les generen las simpatías necesarias y la solidaridad social imprescindible para lograr el triunfo de su movimiento. Al fin y al cabo, las y los trabajadores de la educación son los responsables de transmitir saberes, valores, desarrollar competencias, en una palabra, de educar a sus pupilos.
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