SISTEMA EXCLUYENTE

Aunque generan molestias en Alonso Lujambio Irazábal, encargado del despacho educativo de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, titular del ejecutivo de la administración pública federal, las críticas que vierten personeros de organismos internacionales, académicos y actores del sistema educativo, organizaciones gremiales institucionales y/o disidentes, madres y padres de familia, podrían, de ser tomadas en consideración, aportar soluciones a la grave problemática que padece el sector educativo.

Entre las críticas destacan las relativas a:
La subordinación de los intereses educativos de niñas, niños y adolescentes a los propios de los trabajadores de la educación, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) o en organizaciones diferentes agrupadas y no, en filiales de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación (CNTE), agrupaciones que priorizan la defensa de los intereses gremiales al cumplimiento de las obligaciones institucionales. Destacan, en ese sentido, los pactos políticos y las alianzas; Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) y su agregado de Normal y la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) firmados por Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE lo mismo que con Carlos Salinas de Gortari, Presidente de la República emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que con Felipe Calderón Hinojosa miembro del Partido Acción Nacional (PAN) y que permiten entre otras cuestiones; el monopolio en el ejercicio de la representación sindical y la violación de los derechos de los trabajadores, la incorporación de la visión de una cúpula sindical, parcial, a la elaboración de políticas públicas.

La baja calidad educativa. Señalamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a través de los resultados obtenidos en la aplicación de las pruebas PISA, lo mismo que resultado de evaluaciones nacionales como La Evaluación Nacional para el Logro de la Calidad Educativa (ENLACE) establecen que las niñas, niños y adolescentes carecen en su mayoría, de las aptitudes (competencias) y conocimientos (saberes significativos) en las áreas de ciencias exactas, lecto-escritura y matemáticas, mínimas que les garanticen mejores expectativas de vida. Sucede lo mismo con las evaluaciones pactadas al tenor de la ACE entre la SEP y El SNTE, aplicadas lo mismo a alumnos recién egresados de las escuelas normales que a docentes en servicio que buscan mejorar su condición laboral, y que, muestran ostensiblemente, la mala calidad con la que son formados actualmente alumnas y alumnos de las escuelas normales y el fracaso de los programas de actualización y mejoramiento profesional de los y las docentes en servicio. Las estadísticas ocultas de las evaluaciones académicas aplicadas para ascender en carrera magisterial, refuerzan las consideraciones previamente señaladas.

La falta de compromisos social mostrada por las y los mentores en servicio, crítica recurrente manifestada por amplios sectores de la sociedad, se patentiza no sólo en la transmisión insuficiente de competencias y aprendizajes significativos a sus alumnas y alumnos, sino aún más, en las simulaciones de cumplimiento de los doscientos días y en las 800 horas hábiles de labor establecidas en medidas reglamentarias establecidas en la Ley General de Educación (LGE) y que ubicarían a la República Mexicana como una de la naciones que se encuentran por encima de la media mundial en cuanto al cumplimiento de esos dos rubros y que sin embargo, merced a suspensiones de clases derivadas de prestaciones laborales, suspensiones sustentadas en motivaciones sindicales, y las derivadas de puentes oficiales y extraoficiales permitirían contabilizar los días efectivos de trabajo en las escuelas, entre una media que oscilaría entre los 160 y 130 dependiendo de las entidades de la federación de que se tratare.

Crítica severa merece el cumplimiento de las premisas gratuidad y laicidad establecidas en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de las "aportaciones voluntarias" que deben realizar madres y padres de familia para suplir la falta de un presupuesto educativo suficiente que evitara que los citados debiesen aportar como lo hacen rutinariamente, cientos de miles de pesos para que las instituciones públicas paguen lo mismo el mantenimiento menor y mayor de las escuelas, el teléfono y la luz y los gastos corrientes, que equipen a las instituciones con nuevas tecnologías y material didáctico lo mismo que los caprichos del personal directivo, del docentes y de los dirigentes de las asociaciones de los padres de familia. De la misma manera es criticable la inequidad propiciada por la LGE cuando a permite la restricción de la laicidad en las escuelas de financiamiento privado y por la tanto permite la enseñanza religiosa en estos planteles mientras que su texto manifiesta que la enseñanza pública será laica, a pesar de que contraria lo establecido el artículo 3 constitucional que no diferencia de la enseñanza entre ellas.