Las denuncias y las alharacas a las que recurre Rafael Ochoa Guzmán, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para evidenciar supuestas filtraciones institucionales que enrarecen la negociación del pliego petitorio sindical forman parte de una estrategia que de manera anual y rutinaria monta una organización acostumbrada a lograr sus propósitos sin importar la naturaleza del método al que tengan que recurrir, incluyendo alianzas con actores políticos de diferentes filiaciones partidarias sin descartar la que sostienen con Felipe Calderón Hinojosa, titular del ejecutivo federal, y el Partido Acción Nacional (PAN), el uso de la fuerza para simular una oposición al sistema y al régimen de partidos excepto él suyo, la suspensión de actividades docentes en las escuelas y administrativas en oficinas centrales, la compra de conciencias, el bloqueo de carreteras, la toma de casetas, el secuestro de personas y oficinas, el robo a ciudadanos inermes “justificado como medida para ayudar a la causa” -cuando el transporte en el que se trasladan es secuestrado-, realizadas con cargo al SNTE y/o en muchas ocasiones, encargadas y/o inducidas a organizaciones vinculadas, real o supuestamente, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes tienen en muchas ocasiones la deleznable misión de realizar el trabajo sucio que antecede a la doble negociación a la que habitualmente recurre el SNTE en las entidades para incrementar el monto de sus percepciones.
Que toda organización tiene el derecho de luchar por el beneficio de sus agremiados como reivindica Ochoa Guzmán, Senador con licencia por el Partido Nueva Alianza (PANAL), es sin duda alguna un hecho congruente con sus propósitos. Que producto de pliego petitorio pueden solicitar las perlas de la virgen sin ser cuestionados, iría acorde con la fe que en Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del CEN del SNTE profesa, pero, de ahí a pretender que la sociedad no se encuentre informada, aunque sea a través de un procedimiento poco ortodoxo resultado de filtraciones según denuncia el gestor de la profesora, es una exageración del ¿líder magisterial?, ya que el costo de la negociación salarial reviste el carácter de interés público y social para el pueblo que los contrata por intermedio de las instituciones gubernamentales.
Sin duda alguna la sociedad reconoce el derecho que tienen los trabajadores de la educación para obtener los ingresos que les permitan tener una vida digna y sin sobresaltos, que tienen derecho a resarcir el poder adquisitivo de su salario y a mejorar sus ingresos pero de ahí a negar que perciben en promedio nacional salarios anualizados superiores a los 560 días cuando laboran también en promedio alrededor de 160 días al año y que su ingreso acumulado dividido entre doce meses da como resultado una percepción aproximada de 18 mil pesos mensuales por una plaza inicial de 20 horas, y no vincular lo que se les paga con los raquíticos resultados que obtienen por el producto de su trabajo, sería querer tapar el sol con un dedo.
Que gozan en la actualidad de prestaciones superiores a las del resto de los trabajadores en la República Mexicana pero que a pesar de ello Ochoa Guzmán pretende generar un gran engaño social al plantear como demanda central alcanzar 90 días de aguinaldo al año cuando en realidad los trabajadores de la educación ya perciben que esos de 90 días salario exentos del pago de impuestos, en el transcurso de los meses de diciembre y enero de cada año etiquetado bajo diferentes denominaciones a la pretendida, más un bono equivalente a un mes de salario que les es otorgado como estímulo en el mes de mayo de cada año con motivo del día del maestro y que muchos de sus agremiados obtienen entre 120 y 200 mil pesos sólo por esos conceptos, aunque oficialmente no reciban el nombre de aguinaldo.
Que las declaraciones de Ochoa Guzmán podrían interpretarse como el prolegómeno de una campaña de chantajes que desarrollará la organización magisterial, de manera directa o mediante inter posita organización, para garantizar el logro de las prerrogativas enlistadas en el pliego petitorio -“filtradas” a medios de comunicación, versión del interfecto- y así contrarrestar presuntos actos de sabotaje en los que incurren “burócratas enquistados” en la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal no sería extrañar, lo mismo que las acciones políticas que realizará y que de paso servirán para posicionar al PANAL en el ánimo de muchos de los trabajadores de la educación proclives a otras organizaciones políticas y/o sin partido definido
Que toda organización tiene el derecho de luchar por el beneficio de sus agremiados como reivindica Ochoa Guzmán, Senador con licencia por el Partido Nueva Alianza (PANAL), es sin duda alguna un hecho congruente con sus propósitos. Que producto de pliego petitorio pueden solicitar las perlas de la virgen sin ser cuestionados, iría acorde con la fe que en Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del CEN del SNTE profesa, pero, de ahí a pretender que la sociedad no se encuentre informada, aunque sea a través de un procedimiento poco ortodoxo resultado de filtraciones según denuncia el gestor de la profesora, es una exageración del ¿líder magisterial?, ya que el costo de la negociación salarial reviste el carácter de interés público y social para el pueblo que los contrata por intermedio de las instituciones gubernamentales.
Sin duda alguna la sociedad reconoce el derecho que tienen los trabajadores de la educación para obtener los ingresos que les permitan tener una vida digna y sin sobresaltos, que tienen derecho a resarcir el poder adquisitivo de su salario y a mejorar sus ingresos pero de ahí a negar que perciben en promedio nacional salarios anualizados superiores a los 560 días cuando laboran también en promedio alrededor de 160 días al año y que su ingreso acumulado dividido entre doce meses da como resultado una percepción aproximada de 18 mil pesos mensuales por una plaza inicial de 20 horas, y no vincular lo que se les paga con los raquíticos resultados que obtienen por el producto de su trabajo, sería querer tapar el sol con un dedo.
Que gozan en la actualidad de prestaciones superiores a las del resto de los trabajadores en la República Mexicana pero que a pesar de ello Ochoa Guzmán pretende generar un gran engaño social al plantear como demanda central alcanzar 90 días de aguinaldo al año cuando en realidad los trabajadores de la educación ya perciben que esos de 90 días salario exentos del pago de impuestos, en el transcurso de los meses de diciembre y enero de cada año etiquetado bajo diferentes denominaciones a la pretendida, más un bono equivalente a un mes de salario que les es otorgado como estímulo en el mes de mayo de cada año con motivo del día del maestro y que muchos de sus agremiados obtienen entre 120 y 200 mil pesos sólo por esos conceptos, aunque oficialmente no reciban el nombre de aguinaldo.
Que las declaraciones de Ochoa Guzmán podrían interpretarse como el prolegómeno de una campaña de chantajes que desarrollará la organización magisterial, de manera directa o mediante inter posita organización, para garantizar el logro de las prerrogativas enlistadas en el pliego petitorio -“filtradas” a medios de comunicación, versión del interfecto- y así contrarrestar presuntos actos de sabotaje en los que incurren “burócratas enquistados” en la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal no sería extrañar, lo mismo que las acciones políticas que realizará y que de paso servirán para posicionar al PANAL en el ánimo de muchos de los trabajadores de la educación proclives a otras organizaciones políticas y/o sin partido definido
No hay comentarios:
Publicar un comentario