Maestros.
Las razones pueden ser diversas. Para algunos trabajadores de la educación el rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación se vincula con asuntos estrictamente personales cuyo propósito estaría ligado al incremento de un fondo personal de retiro, mediante la venta de la plaza de trabajo que ejercieron, o a la posibilidad de heredarla a un hijo o a un familiar cercano. Para otros, fundamentalmente ligados al negocio de la venta de plazas en el ámbito sindical o institucional, es un asunto financiero y/o en ocasiones político cuando quienes la hacen de gestores, vinculan su participación en el trámite a una retribución que debe en su momento ser reconocida mediante la sumisión y la lealtad sindical. Para muchos activistas político magisteriales el rechazo se encuentra articulado a la repulsa que les provoca Elba Esther Gordillo Morales, presidenta vitalicia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la negativa a la privatización de la educación y el rechazo a políticas de certificación con la que se pretende evaluar el desempeño de los docentes, pero para otros el rechazo a la Alianza muestra un descontento con políticas ocurrentes adoptadas por la dueña del SNTE –solapada por los responsables del despacho educativo-, al margen de los objetivos, metas, estrategias y acciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Educativo Nacional y otros documentos contemplados en el sistema nacional de planeación democrática.
Para otros actores del quehacer educativo existen a más otras razones que devienen del carácter del sistema político mexicano -que justifican el desdén hacia el pacto coyuntural establecido entre Felipe Calderón Hinojosa, titular del ejecutivo federal y Elba Esther Gordillo Morales ama y señora del CEN del SNTE- que vulneran fines y principios establecidos con anterioridad a la Alianza, al margen de la oposición desarrollada por trabajadores de la educación que se manifiestan en diferentes lares, verbigracia:
El concurso nacional público de oposición para seleccionar a los docentes de nuevo ingreso al sector educativo vulnera las clausulas quinta y sexta del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica por las que los gobiernos estatales sustituyen al gobierno federal como titulares de las relaciones jurídicas con los trabajadores de origen federal que a partir del 18 de mayo de 1992 se incorporaron a los sistemas educativos estatales. El examen pactado entre las autoridades federales y el SNTE centraliza un proceso ya bajo la responsabilidad de las autoridades educativas locales y de las que ahora se dispone centralmente con todo y que formalmente existieron sedes locales a las que acudieron suspirantes en las diferentes entidades de la República para presentarlo y de que las convocatorias locales se ajustaran, presuntamente, a lo dispuesto en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (y Normal). Adicionalmente la centralización del proceso de contratación pactado en la ciudad de México otorga al SNTE el control del 100 por ciento de las plazas de nueva creación, 50 por ciento más, de las que podía disponer de acuerdo a la legislación laboral.
El cierre de las escuelas normales en los Estados, anunciado mediaticamente por quien rige los destinos del más de 1 millón seiscientos mil trabajadores de la educación que existen que existen en el país, estaría vinculado a la apertura de cinco sedes regionales formadoras de docentes que sustituirían a las primeras y que se encontrarían supuestamente, bajo control de la estructura sindical. De la misma manera que con la premisa anterior, ésta constituiría al mismo tiempo que un atentado al federalismo y a la soberanía de los Estados, una cesión más de una función institucional, al poder de doña Elba y sus secuaces.
Al mismo tiempo que se le arrebatan funciones y atribuciones a la soberanía de las entidades para determinar lo conducente a la educación básica y normal, se traspasa a los gobiernos locales responsabilidades financieras resultado de la entrega incompleta de las obligaciones financieras federales a partir de 1997, que se agravan más con la modificación de la fórmula para el reparto de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) aprobada en el 2007 por la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, (hecho que agravará el rezago educativo de los gobiernos con menor desarrollo educativo).
Sucede así ya con el rubro de educación superior incluida la autónoma, en la que al mismo tiempo que disminuyen porcentualmente las aportaciones federales, incluso hasta desaparecer en muchos casos, se incrementan las que corren a cargo de las administraciones locales (como lo ejemplifican universidades tecnológicas, institutos tecnológico regionales, universidades politécnicas y el sistema del colegio nacional de educación profesional técnica).
Para otros actores del quehacer educativo existen a más otras razones que devienen del carácter del sistema político mexicano -que justifican el desdén hacia el pacto coyuntural establecido entre Felipe Calderón Hinojosa, titular del ejecutivo federal y Elba Esther Gordillo Morales ama y señora del CEN del SNTE- que vulneran fines y principios establecidos con anterioridad a la Alianza, al margen de la oposición desarrollada por trabajadores de la educación que se manifiestan en diferentes lares, verbigracia:
El concurso nacional público de oposición para seleccionar a los docentes de nuevo ingreso al sector educativo vulnera las clausulas quinta y sexta del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica por las que los gobiernos estatales sustituyen al gobierno federal como titulares de las relaciones jurídicas con los trabajadores de origen federal que a partir del 18 de mayo de 1992 se incorporaron a los sistemas educativos estatales. El examen pactado entre las autoridades federales y el SNTE centraliza un proceso ya bajo la responsabilidad de las autoridades educativas locales y de las que ahora se dispone centralmente con todo y que formalmente existieron sedes locales a las que acudieron suspirantes en las diferentes entidades de la República para presentarlo y de que las convocatorias locales se ajustaran, presuntamente, a lo dispuesto en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (y Normal). Adicionalmente la centralización del proceso de contratación pactado en la ciudad de México otorga al SNTE el control del 100 por ciento de las plazas de nueva creación, 50 por ciento más, de las que podía disponer de acuerdo a la legislación laboral.
El cierre de las escuelas normales en los Estados, anunciado mediaticamente por quien rige los destinos del más de 1 millón seiscientos mil trabajadores de la educación que existen que existen en el país, estaría vinculado a la apertura de cinco sedes regionales formadoras de docentes que sustituirían a las primeras y que se encontrarían supuestamente, bajo control de la estructura sindical. De la misma manera que con la premisa anterior, ésta constituiría al mismo tiempo que un atentado al federalismo y a la soberanía de los Estados, una cesión más de una función institucional, al poder de doña Elba y sus secuaces.
Al mismo tiempo que se le arrebatan funciones y atribuciones a la soberanía de las entidades para determinar lo conducente a la educación básica y normal, se traspasa a los gobiernos locales responsabilidades financieras resultado de la entrega incompleta de las obligaciones financieras federales a partir de 1997, que se agravan más con la modificación de la fórmula para el reparto de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) aprobada en el 2007 por la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, (hecho que agravará el rezago educativo de los gobiernos con menor desarrollo educativo).
Sucede así ya con el rubro de educación superior incluida la autónoma, en la que al mismo tiempo que disminuyen porcentualmente las aportaciones federales, incluso hasta desaparecer en muchos casos, se incrementan las que corren a cargo de las administraciones locales (como lo ejemplifican universidades tecnológicas, institutos tecnológico regionales, universidades politécnicas y el sistema del colegio nacional de educación profesional técnica).
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