Maestros.
Las protestas magisteriales utilizadas para manifestar el rechazo que un grupo creciente de trabajadores de la educación mantiene en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación instrumentada por Felipe Calderón, titular del ejecutivo federal y Elba Esther Gordillo Morales, presidenta vitalicia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en diversas entidades de la República, generan señales del agotamiento de un modelo educativo que ya no es viables de acuerdo al momento histórico que vivimos.
Con base en la fracción VIII del artículo 3 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, “El Congreso de la Unión” debe reexpedir “las leyes necesarias”, para que a más de las “destinadas para distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.
os.”, garantice un estricto federalismo que permita que en esa redistribución de funciones, los planteles educativos, madres y padres de familia, municipios, entidades federativas, asuman cabalmente sus responsabilidades en la materia educativa.
Para dar cumplimiento a lo que debiese ser un real federalismo educativo el Congreso de la Unión debe establecer las modificaciones necesarias para que planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria (básica) y normal no dependan en delante de manera monopólica del ejecutivo federal, delegada en una sola persona titular de la oficina educativa, sino que se generen a partir de la participación de la sociedad civil y de los académicos interesados con base en los órganos base del sistema educativo; escuelas y municipios. Para que el Consejo de Autoridades Educativas sea el órgano máximo de coordinación educativa nacional, con funciones autónomas y con un gobierno propio para deje el triste papel que le han asignado ahora; el de ser un apéndice de una oficina subordinada a la de la Secretaria de Educación Pública.
De la misma manera El Congreso de la Unión debe tomar las medidas necesarias para que se sancione a los funcionarios que manipulan los ordenamientos de la fracción octava del 3 constitucional con la finalidad de concluir de manera tajante, con medidas adoptadas con base en leyes reglamentarias y acuerdos de coordinación, que violentan la concurrencia constante y creciente del gobierno federal en el sostenimiento de las instituciones y del personal de origen federal y los compromisos pactados entre los gobiernos de los estados y el SNTE establecidos a partir de los acuerdos para descentralizar la vida educativa nacional (Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica) y transfieren de la federación a los gobiernos locales, compromisos financieros de manera ilegítima y amoral que comprometen el ejercicio normal de las administraciones estatales –como sucede actualmente con educación básica, media superior transferida y superior incluida la autónoma-.
De la misma manera El Congreso de la Unión debe modificar las leyes laborales para acabar con una organización sindical que más que defender a los trabajadores de la educación y a los intereses superiores del proceso educativo, sirve para fomentar el poder de Elba primera presidenta vitalicia –aún sea solo de su gremio- y generar alianzas de todo tipo y naturaleza con los personeros del poder para satisfacer apetitos particulares y partidarios. Acatar lo que dictan las normas laborales respecto a la libre sindicación de los trabajadores, abrir la competencia para que quienes ganen la confianza de los trabajadores los representen, existan organizaciones locales acordes al pacto descentralizador firmado en la etapa de Carlos Salinas de Gortari y se concluya con la doble negociación salarial impulsada por Elba Esther a partir de las componendas con la administración federal que afecta las finanzas locales.
Con base en la fracción VIII del artículo 3 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, “El Congreso de la Unión” debe reexpedir “las leyes necesarias”, para que a más de las “destinadas para distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.
os.”, garantice un estricto federalismo que permita que en esa redistribución de funciones, los planteles educativos, madres y padres de familia, municipios, entidades federativas, asuman cabalmente sus responsabilidades en la materia educativa.
Para dar cumplimiento a lo que debiese ser un real federalismo educativo el Congreso de la Unión debe establecer las modificaciones necesarias para que planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria (básica) y normal no dependan en delante de manera monopólica del ejecutivo federal, delegada en una sola persona titular de la oficina educativa, sino que se generen a partir de la participación de la sociedad civil y de los académicos interesados con base en los órganos base del sistema educativo; escuelas y municipios. Para que el Consejo de Autoridades Educativas sea el órgano máximo de coordinación educativa nacional, con funciones autónomas y con un gobierno propio para deje el triste papel que le han asignado ahora; el de ser un apéndice de una oficina subordinada a la de la Secretaria de Educación Pública.
De la misma manera El Congreso de la Unión debe tomar las medidas necesarias para que se sancione a los funcionarios que manipulan los ordenamientos de la fracción octava del 3 constitucional con la finalidad de concluir de manera tajante, con medidas adoptadas con base en leyes reglamentarias y acuerdos de coordinación, que violentan la concurrencia constante y creciente del gobierno federal en el sostenimiento de las instituciones y del personal de origen federal y los compromisos pactados entre los gobiernos de los estados y el SNTE establecidos a partir de los acuerdos para descentralizar la vida educativa nacional (Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica) y transfieren de la federación a los gobiernos locales, compromisos financieros de manera ilegítima y amoral que comprometen el ejercicio normal de las administraciones estatales –como sucede actualmente con educación básica, media superior transferida y superior incluida la autónoma-.
De la misma manera El Congreso de la Unión debe modificar las leyes laborales para acabar con una organización sindical que más que defender a los trabajadores de la educación y a los intereses superiores del proceso educativo, sirve para fomentar el poder de Elba primera presidenta vitalicia –aún sea solo de su gremio- y generar alianzas de todo tipo y naturaleza con los personeros del poder para satisfacer apetitos particulares y partidarios. Acatar lo que dictan las normas laborales respecto a la libre sindicación de los trabajadores, abrir la competencia para que quienes ganen la confianza de los trabajadores los representen, existan organizaciones locales acordes al pacto descentralizador firmado en la etapa de Carlos Salinas de Gortari y se concluya con la doble negociación salarial impulsada por Elba Esther a partir de las componendas con la administración federal que afecta las finanzas locales.
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