¿SUEÑOS GUAJIROS O ASUNTO PACTADO?

Maestros

La enseñanza de educación sexual en las escuelas de educación básica del sistema educativo nacional y la intención por certificar la calidad de los docentes de educación media superior anunciadas la semana pasada por diversas autoridades modificarán, de llevarse a cabo, el curso del sistema educativo nacional. Declaraciones atribuidas a Miguel Székely, subsecretario de educación media superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señalan la intención (Reforma 18-04, Sonia del Valle) por lograr que los docentes de educación media superior demuestren en el corto plazo que poseen“…las competencias necesarias para poner en práctica la Reforma del Bachillerato…”.
La tarea propuesta por Székely o bien es un sueño guajiro o bien es asunto pactado entre Josefina Vásquez Mota, Secretaria de Educación Pública y Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), porque de otra manera no podría explicarse cómo podría lograrse la meta planteada en un lapso tan breve y más cuando en primera instancia se anuncia solo la intención pero no se dice ni él cómo ni él cuando se podría lograr lo propuesto. No se define ni la táctica ni la estrategia para lograrlo.
Datos de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) señalan que al 2007 el subsistema de educación media superior cuenta con 236 mil quinientos seis docentes, el 13 por ciento del 1 692 296 trabajadores de la educación registrados y 3 millones quinientos cuarenta y siete mil quinientos noventa alumnos de bachillerato (resultado de multiplicar número de maestros por atención promedio). De acuerdo al INEGI para el ciclo escolar 2007 existen 12 mil veinte instituciones con una relación de 15 alumnos por maestro y de 291 alumnos por escuela con un costo alumno promedio de 22 mil pesos. El Estado de Puebla cuenta en esos rubros, datos al 2005, con 11 mil quinientos sesenta y ocho maestros –el 4. 89 por ciento del total nacional-, aproximadamente 185 mil ochenta y ocho estudiantes del nivel y una relación de 16 alumnos por maestro, 1 045 escuelas –el 8.69 por ciento del total- una que arrojarían un promedio de 173 alumnos por escuela.
Desear que los docentes del subsistema en comento cuenten con una formación continua y permanente, conozcan las metodologías necesarias para estructurar nuevas y mejores formas de enseñanza que faciliten el aprendizaje de los alumnos, planificar la enseñanza basada en competencias, aprendan a enseñar de manera ingeniosa y creativa, evalúen para la vida, transmitan a sus estudiantes el deseo por lograr un aprendizaje autónomo, participen en el desarrollo integral de sus estudiantes y participen en la mejora continua de su escuela es una aspiración loable pero de ahí a señalar que si quienes actualmente laboran en este -y otros subsistemas- desean continuar con una labor que les es propia y para hacerlo deban certificarse, es desconocer un marco de derecho aplicable a los trabajadores de la educación, las instituciones y las autoridades educativas locales y federales.
En principio el Ingeniero Székely debería tomar en consideración, so pena de incurrir en múltiples responsabilidades, que la aplicación de cualquier norma o principio no puede tener efectos retroactivos (principio de irretroactividad de la ley) y aplicar el proceso de certificación planteado por la subsecretaría como requisito de permanencia para que los 236 506 docentes continúen con su “plaza” lo tendría. Székely violentaría disposiciones de seguridad jurídica, social y contractual establecidas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo a más de convenios suscritos por nuestra nación, ratificados por el Senado de la república, a instancias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Pero si los sueños guajiros de Miguelito fueran poco más que menos realizables y salvo que efectivamente existiera un pacto secreto entre Josefina y Elba vitalicia, la pretensión certificadora del ingeniero, loable aunque sin sustento jurídico, despertaría un gran malestar entre los trabajadores de la educación que se volcaría en contra del autor de la propuesta y arrastraría a quien él pretende servir con tanto encomio, la secretaria del ramo.
No estaría por demás que el funcionario de marras, sus compañeros en la SEP y el resto de las autoridades educativas tomaran algunos cursos intensivos de derecho.