NEGOCIACIONES CON TRAMPA

Maestros

Diversas declaraciones vertidas por miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) auguran una negociación con las autoridades educativas basada en la fuerza -real y formal- que mantiene el gremio lidereado por Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del CEN del SNTE.
La virulencia reciente con la que se expresa la profesora exigiendo la entrega "ya" de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2008, parecerían encaminadas en contra de quien aparentemente su rival, Josefina Vásquez Mota, jefatura a la Secretaria de Educación Pública federal y tiene la encomienda formal de responder al pliego petitorio que anualmente negocia el sindicato, sin embargo por obra y gracia de la Secretaría de Hacienda y mediante la nueva fórmula que aplica a partir del 2008 para el reparto de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), las contradicciones originales entre autoridades educativas federales y sindicato se trasladaran , como ya es costumbre, a las entidades federativas, cuyos gobiernos tendrán la obligación de resolver la doble negociación que desde 1994 impulsa la presidenta vitalicia de la organización.
Y es que con la fórmula anterior, la concurrencia entre autoridades educativas locales y federales se derivó de las circunstancias en las que se firmó en Acuerdo Nacional para la Educación Básica y Normal (ANMEByN, 1992), que consideraba entre otros rubros los del registro común de escuelas, la plantilla de personal, los gastos de infraestructura, y que modificado por la nueva fórmula incluía una bonificación por los montos de inversión de los Estados, productividad por calidad. Cálculos realizados por organismos públicos y privados han señalado la injusticia social aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que premiaba presuntamente a 5 Estados, mantenía a un número similar en las mismas condiciones del pasado y castigaba al resto de las entidades federativas con cantidades superiores a los 500 millones de pesos en los próximos 5 años. Casualmente las entidades en esta situación son las que de por sí ya sufren los mayores rezagos en materia social incluido el rubro educativo.
Pero independientemente de la condición de entidad favorecida o no con aplicación de la nueva fórmula, tres de los cinco Estados en la primer condición son de filiación panista y dos priistas, la fórmula del FAEB 2008 esconde las intenciones reales de la federación entre las que se encuentran:
Responsabilizar a los gobiernos estatales del pago de obligaciones salariales acordadas por órganos centrales –Cámara de Diputados, SNTE nacional, gobierno federal- que se extienden a los trabajadores de origen federal y estatal y transferir, trampa de por medio, la obligación de una negociación propia del gobierno federal con los consecuentes conflictos sociales como los que acontece año con año en el Estado de Oaxaca.
Transferir la totalidad de responsabilidades producto del ANMEByN a las entidades federativas, tal como ya sucede en los niveles de media superior y superior en el que gradualmente se han sustituido los esquemas de inversión concurrente entre entidades y federación por otro en el que la responsabilidad del crecimiento y mantenimiento del sistema educativo queda a los gobiernos de los Estados. La nueva fórmula del FAEB concluye con la concurrencia, termina con la programación detallada y traslada a los gobiernos de la entidades, responsabilidades crecientes como las derivadas del pago de las cuotas del ISSSTE, cuya obligación de acuerdo al Acuerdo Nacional era como obligación del gobierno federal y que en la práctica anula cualquier incremento derivado de la nueva fórmula para entidades como la nuestra, quiebran técnicamente a los Estados que originalmente mantenían una posición financiera similar a la de la fórmula anterior y agudizan el quebranto, para las 22 entidades que con la nueva fórmula ya de por sí perdían recursos cuantiosos.
Sin duda alguna que estamos frente a una nueva negociación con trampa derivada de una acción del gobierno central cuyo significado podría traducirse en conflicto sociales adicionales para las entidades federativas.