Uno de cada 5

08 Octubre 2006

Contraria a principios establecidos en la Ley General de Educación (LGE) y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares aplicada por la Secretaría de Educación Pública del Estado a instancias del área federal –normativa- a niños de primaria y secundaria de todo el país durante la segunda semana de junio del ciclo escolar 2005-2006 muestra, a más de las debilidades propias del sistema educativo nacional, inconsistencias jurídicas que deben corregirse.Tanto es así que mientras el artículo tres de la Constitución deja en manos del Estado la “obligación” de otorgar educación básica a todos aquel que lo requiera y su contraparte, los padres de familia sólo tiene la “obligación” de hacer que “…sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria…”, y mientras que en el párrafo segundo de la fracción V del artículo 67 del capítulo de la Participación Social en la Educación la Ley General de Educación se establece que las “Asociaciones de padres de familia –organiza la participación de los padres en las escuelas- se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de las instituciones educativas”, la propuesta de intención del instrumento evaluatorio en comento cuando señala que como una de sus intenciones “Promover la participación de padres de familia en la educación de sus hijos y de las escuelas” contrario al carácter reservado que manifiestan los ordenamientos rectores de la educación. Otras referencias indican el mismo camino contradictorio puesto que si bien la LGE establece mecanismos para lograr la participación de los padres en la educación de sus vástagos a través de los consejos de participación social en las escuelas, los ayuntamientos y los de las entidades federativas y la federación, el artículo 3 de la Constitución reserva para la federación todo lo relativo a la formulación de los planes y programas de educación preescolar, primaria y normal.Que uno de cada 5 estudiantes evaluados por la prueba nacional que mide el logro educativo en los centros escolares – el 18 por ciento del total- posea habilidades matemáticas y de español suficientes, que sólo el 2 por ciento pueda ser considerado como propietario de conocimientos superiores a los del resto de sus compañeros, que más del 50 por ciento de nuestros niños evaluados no tenga niveles de competencia adecuados, es decir que hayan resultado reprobados resulta francamente deplorable, pero por encima de todo resulta aún mas vergonzoso que un ejercicio gubernamental exhiba a los docentes de los niños evaluados -a quienes ellos les transmiten los conocimientos- y al sistema educativo nacional en su conjunto como reprobados y no se tomen las medidas conducentes para corregirlo. Si se puede, como lo muestra el hecho de que el 47 por ciento de los niños evaluados que asisten a instituciones particulares hayan obtenido un rendimiento suficiente, superior al de los niños que asisten a las escuelas públicas, a pesar de tener sus maestros, remuneraciones infinitamente menores que las que perciben los trabajadores de la educación al servicio del Estado.