05 Febrero 2007
Cierto es que el Congreso del Estado legaliza con fecha 9 de junio de 1992, las condiciones establecidas por el Acuerdo Nacional para la Educación Básica y (ANMEByN) firmado en 18 de mayo de 1992 entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los gobernadores de los Estados integrantes de la Federación. También lo es que previamente al acatamiento de las “instrucciones superiores”(1), el 27 de mayo del mismo año, los gobiernos federal y local habían signado el documento mediante el que el gobierno federal transfería sus obligaciones en materia de educación básica y normal a las entidades federativas, señalándose que a partir de esas fechas el gobierno federal “concurrirá a la promoción a la promoción, organización y sostenimiento de los servicios de educación básica preescolar, primaria y secundaria y normal”. También es cierto que mediante este acuerdo ventajoso para una de las partes, la jefaturada por Elba Esther Gordillo Morales dirigente ad morten del gremio magisterial, el SNTE se imponía como un instrumento de Estado y en retribución, mediante firma de los ejecutivos locales y al margen de los procedimientos laborales, se le otorgaba la titularidad de las relaciones laborales en los ámbitos federal y local.
Las condiciones pactadas en el Acuerdo Nacional pronto dieron origen a una política sindical tortuosa que lo mismo negociaba los incrementos salariales que regirían en el siguiente año –entre 15 de mayo de un año y 15 de mayo- a través de la Comisión Mixta Nacional SEP-CEN SNTE; que pugnaba por sorprender a los gobiernos locales mediante pliegos petitorios promovidos por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) por intermedio de las secciones estatales y/o incluso grupos más radicales incrustados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con el objetivo de disparar las prestaciones que se otorgarían con un carácter local y que mediante cláusula pactada en esas históricas firmas obliga a las autoridades operativas a homologar las prestaciones de los trabajadores de la educación con las que disfrutaran quienes estuvieren en mejores condiciones, incluidos los contratados en la entidad por los gobiernos de los estados y los que desde ese momento se convertían en responsabilidad operativa de los gobiernos locales. Esta política genera una distorsión en las fianzas de los gobiernos locales debido al carácter oficioso de la doble negociación que en la práctica significa un secuestro de las finanzas locales y por ende de la sociedad practicada año tras año por quienes visto así, actúan con un carácter faccioso, anteponiendo sus intereses a los de la sociedad.
Pero aún así, la entrega de un bono sexenal que beneficia a todos los trabajadores de la educación pactado entre la dirigencia nacional del SNTE, (Elba Esther Gordillo) y la extinta presidencia de la República no tiene el carácter de ser una prestación regularizable que obligara a la concurrencia de las autoridades locales como se prevé en el ANMEByN y la responsabilidad de entregarlo, recae en quienes directamente lo acordaron.
Pretender secuestrar a la sociedad con paros y violencia social, amenaza expresa vertida recientemente por Rafael Ochoa Guzmán, secretario general del CEN del SNTE y concretada por sus representantes en la entidad por la falta de un cumplimiento intencional del gobierno federal tiene un cierto olor a tufillo de color azul de origen ampliamente conocido. Convenio que celebran, por una parte, el ejecutivo federal y, por la otra, el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla (27 de mayo de 1992).
Las condiciones pactadas en el Acuerdo Nacional pronto dieron origen a una política sindical tortuosa que lo mismo negociaba los incrementos salariales que regirían en el siguiente año –entre 15 de mayo de un año y 15 de mayo- a través de la Comisión Mixta Nacional SEP-CEN SNTE; que pugnaba por sorprender a los gobiernos locales mediante pliegos petitorios promovidos por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) por intermedio de las secciones estatales y/o incluso grupos más radicales incrustados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con el objetivo de disparar las prestaciones que se otorgarían con un carácter local y que mediante cláusula pactada en esas históricas firmas obliga a las autoridades operativas a homologar las prestaciones de los trabajadores de la educación con las que disfrutaran quienes estuvieren en mejores condiciones, incluidos los contratados en la entidad por los gobiernos de los estados y los que desde ese momento se convertían en responsabilidad operativa de los gobiernos locales. Esta política genera una distorsión en las fianzas de los gobiernos locales debido al carácter oficioso de la doble negociación que en la práctica significa un secuestro de las finanzas locales y por ende de la sociedad practicada año tras año por quienes visto así, actúan con un carácter faccioso, anteponiendo sus intereses a los de la sociedad.
Pero aún así, la entrega de un bono sexenal que beneficia a todos los trabajadores de la educación pactado entre la dirigencia nacional del SNTE, (Elba Esther Gordillo) y la extinta presidencia de la República no tiene el carácter de ser una prestación regularizable que obligara a la concurrencia de las autoridades locales como se prevé en el ANMEByN y la responsabilidad de entregarlo, recae en quienes directamente lo acordaron.
Pretender secuestrar a la sociedad con paros y violencia social, amenaza expresa vertida recientemente por Rafael Ochoa Guzmán, secretario general del CEN del SNTE y concretada por sus representantes en la entidad por la falta de un cumplimiento intencional del gobierno federal tiene un cierto olor a tufillo de color azul de origen ampliamente conocido. Convenio que celebran, por una parte, el ejecutivo federal y, por la otra, el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla (27 de mayo de 1992).
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