15 Enero 2007
Reunido este viernes 12 de enero con Rectores de Universidades pertenecientes a la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior (AUIEMSyS) y al Consejo Nacional de Educación Superior (CONAES), Darío Carmona García, Secretario de Educación Pública en el Estado de Puebla (SEPE) respondió, a pregunta sobre la supuesta autorización para que los supervisores escolares impongan cuotas al margen de los dispuesto en la Ley de Ingresos del Estado formulada por Salvador Calva, presidente de CONAES, que el titular de la SEPE no autoriza ningún cobro extraordinario que pretendan realizar los supervisores de educación superior –y los de cualquier otro nivel educativo-. Señaló que en diciembre pasado, en reunión sostenida con esos servidores públicos les mencionaba al tocar este tema, que si no les daba (alguna partida presupuestal) tampoco les quitaría; pero que este comentario alcanzaba solamente a aspectos como el de las participaciones al fungir como jurados en algunos exámenes profesionales cuando -por su especialidad fuesen invitados- percibiendo sólo el monto cubierto a cualquier sinodal que participa de manera rutinaria en esos eventos protocolarios que realizan las instituciones de educación de financiamiento privado.El señalamiento que marca pautas de políticas públicas para el comportamiento de los servidores públicos del sector educativo equivalente a la aplicación de un incipiente código de ética para los trabajadores de la educación, es pertinente dado que varios de los servidores aludidos identificados con el cobro de cuotas extraordinarias (que cínicamente reciben el nombre de aportaciones voluntarias, cooperaciones), habían interpretado que el señalamiento de Darío Carmona equivalía a una patente de corso que les brindaba la oportunidad de continuar recibiendo aportaciones de particulares al margen de lo dispuesto por ordenamientos constitucionales y leyes reglamentarias, lanzando al bote de la basura las denuncias realizadas por directivos de escuelas particulares –lo mismo que padres de familia y asociaciones de padres de familia de escuelas públicas- opuestos a la extorsión de la que son sujetos y que han trascendido incluso a la esfera de algunas autoridades de procuración de justicia.Baste recordar que en entrevista con la Comisión de Educación del Congreso del Estado sostenida en el transcurso del año que concluyó, la presidencia colegiada de la AUIEMSyS proponía a los diputados locales que para abatir los altísimos niveles de corrupción en los que incurre la cuasi generalidad de ese grupo de funcionarios institucionales-sindicales so pretexto de carecer de presupuesto para la realización de sus funciones, se etiquetaran los ingresos derivados del pago de derechos que hacen los particulares y las instituciones cuentan con Autorizaciones de Validez de Estudios y Reconocimientos de Validez de Estudios, entre ellos el de incorporación, para que con parte se cubriesen los gastos de operación que genera la supervisión de las actividades escolares y se concluya con una etapa vergonzante por la que atraviesa el sector educativo.
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