Con cargo al erario

Las cifras presentadas en el documental De Panzazo, el drama de la educación en México, suscritas por Mexicanos Primero y publicadas previamente en los informes anuales de una ¿asociación civil? encabezada por el empresario Claudio X. González, no tienen, en primer instancia, forma de ser refutadas ni cuestionadas por alguno de los afectados. Sus fuentes, todas de origen gubernamental –entre ellas el Instituto Nacional de Evaluación Educativa– les permiten obviar la investigación directa para obtenerlas y sin embargo las conclusiones inducidas a través de los medios masivos de comunicación son muy cuestionables, sobre todo cuando del reparto de culpas se trata. Que más de “50 por ciento de los alumnos que ingresan a la escuela la abandonan para siempre antes de concluir la primaria”, que “14 millones de estudiantes de primaria y secundaria no comprenden lo que leen, y ocho de cada 10 no saben multiplicar”, lo mismo que “si casi 80 por ciento de los maestros no pudieron aprobar un examen de eficiencia profesional, porcentaje que coincide con el hecho de que los profesores de nuestros hijos apenas leen un libro y medio al año, incluido el libro de texto gratuito”, que de “100 estudiantes sólo 2 por ciento se recibe, y este 2 por ciento es el que acapara el ingreso acentuando la concentración de riqueza y abriendo la brecha, peligrosa por cierto, de la injusticia social” (http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&ca), no es rebatible como si le es el que el modelo adoptado por las administraciones neoliberales de nuestra nación, se aleje cada día más, de los fines y principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el marco legal de nuestro país y adopte uno propio de una economía de mercado, cuyo soporte radica en la producción de la fuerza de trabajo especializada, con cargo al erario.
Responsabilidad de la sociedad en su conjunto y no sólo del sistema educativo, los malos resultados educativos son pronto achacables, con razón o sin ella, al personal docente adscrito a las instituciones de educación básica “públicas y privadas”, ignorando que es la estructura económica, atrasada, anquilosada, subordinada, periférica, expoliada por el imperialismo, dependiente de un mercado global dominado por el imperialismo, en cuyo cimiento se encuentra un esquema de organización con un corporativismo ramplante, que determina el funcionamiento del sistema educativo (superestructura) en una nación como la nuestra.
Con un discurso demagógico “preocupado” por la calidad y la competitividad bajo estándares fijados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a través de la aplicación de la prueba Pisa (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), evaluación para niños y niñas de 15 años en cuyo diseño no participan especialistas mexicanos, que arroja malos resultados “refrendados” por otros similares obtenidos anualmente por quienes presentan la prueba ENLACE (Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares), empresarios vinculados a empresas multinacionales y sus empleados, críticos del sistema educativo que no les entrega productos deseados basados en resultados que permiten cuestionar su funcionamiento, pretenden sustituirlo, con otro ad hoc, de carácter privado en el que la gente sea “competente” –acrítica– para insertarse al mercado de trabajo a modo.

Pero aunque y sin duda alguna, el desempeños de niñas y niños, maestras y maestros debe ser evaluado de acuerdo a criterios propios, que privilegien los fines y los principios establecidos en el texto del artículo 3 constitucional –amor a la patria–, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, basada en los resultados del progreso científico, que luche contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, sea democrática, nacional, “en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura”, y contribuya a la mejor convivencia humana, “a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”, lo mismo que la actitud de autoridades del ejecutivo, entre ellas las educativas, las del legislativo y las del judicial, para que apliquen en sus áreas de competencia, lo establecido en el texto constitucional.
Como señala Claudio X. González presidente de Mexicanos Primero “para transformar el sistema educativo en México no son suficientes las buenas intenciones de los políticos, su retórica y discursos”, como tampoco la retórica de quienes detentan el poder económico incluidos los dueños de los medios masivos de comunicación, quienes priorizan su intereses por las ganancias con la producción de programas de entretenimiento chatarra, de quienes incluidos los panistas, sostienen relaciones de complicidad con un sindicato corporativo que les permite el control de los trabajadores, de madres y padres de familia excluidos de responsabilidad por lo dispuesto en un marco constitucional patrimonialista.
La evaluación debe ser integral y tomar medidas para corregir el mal desempeño del alumnado, del profesorado, de las autoridades, de madres y padres de familia, de la sociedad entera para que quien tenga que mejorar su desempeño lo haga por el interés superior de la nación.