Derechos conculcados

Cartas a Gracia

Gracia, me cuentas que tu tiempo en el medio maratón ronda por las dos horas. Una buena marca si tomamos en cuenta que tu incorporación a este tipo de pruebas es más o menos reciente. Prepararte para correr el maratón de la ciudad de Nueva York en uno o dos años más, meta loable para alguien que predica con el ejemplo, te lleva inexorablemente, a correr el Internacional de la ciudad de México, que, si bien es cierto, requerirá un esfuerzo mayor, se corre sobre un terreno regular a diferencia del que corriste el día de ayer. La topografía de la trayectoria del 31 maratón del día del padre organizado por los Corredores del Bosque de Tlalpan, incluye planos, colinas –eso sí pavimentadas–, áreas verdes, las del bosque de Tlalpan, un canal, el de Cuemanco, a más de los 20 kilómetros de pavimento que transitaste bajo una temperatura cercana a los 30 grados centígrados. Espero te hayas puesto el bloqueador solar y que por sobre todo, como siempre lo haces, hayas disfrutado la convivencia con los varios miles de atletas que como tú, corren por el placer de hacerlo. Por cierto, la 28 edición del maratón internacional estará limitada a 15 mil participantes según establece la convocatoria, razón por la que debes inscribirte de inmediato.

Pero mientras esto sucede, Gracia, quiero platicar contigo algo que preocupa a varios cientos de trabajadoras y trabajadores de la educación al servicio del Estado que quieren jubilarse, cuya cifra ronda en los 2 mil trabajadoras y trabajadores. Tiene relación con el procedimiento, “programación” le llaman los burócratas encargados de tramitarla, utilizado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), para quienes tienen derecho al descanso ganado por los años de servicio prestados a la sociedad y al gobierno, si quieren lo hagan. Están molestos y tienen razón, Gracia. No entienden que las autoridades a las que confiaron sus recursos los hayan mal administrado y que ahora deban esperar, cumplidos 27 años de trabajo, tres, cuatro o más años para el disfrute de un derecho ganado. Todavía hay de entre de ellas y ellos, quien recuerda la existencia de un fondo de ahorros que les proporcionaba un ingreso adicional al salario y que fue utilizado por algún “gobernante” para la construcción del primer hospital del Instituto de (in)Seguridad del gobierno del estado. Añoran al Hospital del Magisterio, ubicado a espaldas de la guardería del ISSSTEP y aún cuestionan la creación de una institución que incorporara a la burocracia estatal con el soporte de los ahorros de trabajadores y trabajadoras de la educación.

Están molestos y con razón, Gracia, en primer lugar con Elba Esther Gordillo Morales, presidente vitalicia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con Cirilo Salas Hernández, secretario General del Comité Ejecutivo de la sección 51 de la organización, con la administración del instituto y con los gobernantes, pasados y presentes, que permitieron el quebranto del ISSSTEP y la presunta desaparición de un fondo de pensiones institucional por más de mil millones de pesos, que debería de existir para hacer frente al retiro de los trabajadores al servicio del estado de Puebla. Con Elba, Gracia, por ser la jefa de un dirigente local, Cirilo Salas, que según palabras de varios de los interesados, “no hace nada” para resolver el problema que les aqueja. Señalan que varios de sus compañeros han muerto mientras tramitaban el ejercicio de un derecho plasmado en la ley. Con la administración del instituto por señalarles que la programación se hace “para no descapitalizar al ISSSTEP, cuando señalan, Gracia, que ellos no son responsables de desviaciones de recursos de la institución, cuya finalidad, sospechan, ha sido, desde el financiamiento de obras de gobierno hasta malas inversiones en la “bolsa”, independientemente de que cierto o no, creen que el ISSSTEP sirvió como caja chica de anteriores administraciones gubernamentales.

Molestas y molestos señalan, Gracia, que hay quienes iniciaron sus trámites hace más de tres años y a quienes les darán fecha de jubilación hasta finales de 2012. Mofean sobre que quienes iniciaron el trámite en cuestión en 2011 están citados para que en 2017 y 2018 les den fecha para hacer efectivo el trámite, se burlan de ellas y ellos mismos al señalar que quienes en adelante tramiten la jubilación posiblemente serán citados para el año 2030.

Asunto admitido por el titular del Ejecutivo local, Gracia, quien se apresta a tomar, según declaraciones atribuidas a él, medidas para corregir el entuerto violatorio de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice que “la seguridad social se organizara conforme a las siguientes bases mínimas: a). Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte”, lo mismo que por lo dispuesto por el artículo 25 (“todo miembro para el cual esté en vigor esta parte del convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.”), parte V, prestaciones de Vejez, por el Convenio Internacional del Trabajo, igualmente que de lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla que señala que “el Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión en un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la fecha en que se integre el expediente en el departamento de pensiones y jubilaciones sin exceder de 120 días. La Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, proporcionará al instituto y a los trabajadores la información que, en su caso, requieran para llevar a cabo los trámites para el otorgamiento de las pensiones correspondientes”.

Solo les queda, Gracia, encomendarse a los dioses, al gobernador y/o recurrir a los tribunales laborales para obligar, a quien tiene que cumplir –el ISSSTEP– a hacerlo. El juicio procede Gracia y con un buen abogado laboralista seguramente impedirán que sus derechos sean conculcados.