Defensa de terceros

La enérgica defensa de un presupuesto federal 2011 que cumpla con el compromiso de “atender, con sustento en una creciente canalización de recursos públicos”, plasmado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) y Normal (ANMEBN), lo mismo que la exigencia de cumplimiento de los compromisos financieros pactados entre la Federación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), realizada por secretarios de Educación de muchas entidades de la Federación encabezados por la Comisión de Enlace del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) integrada por los secretarios de Puebla, Darío Carmona García, Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, estado de México, Alberto Kuri Naime, Jalisco, José Antonio Gloria Morales, constituye en los hechos una defensa de los intereses de las administraciones locales, la soberanía de la entidades que conforman el pacto federal y de las y los trabajadores de la educación.

“Insuficiente para cumplir con las metas y funciones que la sociedad, en el marco del federalismo nos ha encomendado”, entre las que se encuentran más de 200 programas educativos de origen federal a los que se asignaría la suma 12 mil 428 millones 590 mil pesos (5 por ciento), las obligaciones de nomina y prestaciones (servicios personales) contraídas históricamente –por los gobiernos federales– con las y los trabajadores de la educación, a quienes se destinarían 236 mil 143 millones 210 mil pesos (95 por ciento) de los 248 mil 571 millones 800 mil propuestos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2011 a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) y Normal (ramo 33), el presupuesto aludido enviado por el titular del Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados (8 de septiembre) es seriamente cuestionado por los secretarios del ramo educativo de las entidades mediante oficio entregado el 11 de octubre a la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la LXI Legislatura, en el que destacan: la existencia de un incremento al FAEB 2011 respecto al de 2010 de 14 mil 214.1 millones de pesos que representaría un crecimiento porcentual de 6.1 por ciento con relación al año anterior, recursos que “para algunas entidades no será suficiente dado el impacto que tiene la negociación salarial nacional”.

El oficio turnado por los responsables de los despachos educativos de las entidades destaca adicionalmente que el PPEF 2011 (FAEB) no contempla la regularización de los recursos del ramo 25 entregados a las entidades en el presente ejercicio fiscal para rubros como Programación detallada, Carrera magisterial e incrementos salariales de 2010, destacando que “la Federación crea obligaciones financieras a los estados (entidades federativas) que no cuentan con el respaldo económico para la regularización de dichas medidas en el futuro, generando déficit en las cuentas estatales”, destacando, que incluso el crecimiento del FAEB (6.1), no cubre siquiera el monto del incremento salarial, 6.4 por ciento (4.9 directo al salario y 1.5 a prestaciones) pactado en mayo de 2010 entre la Federación y el SNTE y mucho menos “el costo de los servicio de energía eléctrica, agua y teléfono”, con costo mayor al de la inflación, acotación al margen, que finalmente deben “pagar” las madres y padres de familia, mediante las aportaciones voluntarias.

El oficio refiere que los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas “presentan un incremento nominal en su FAEB 2011 insuficiente para atender las obligaciones financieras que la Federación les creó en su ultima negociación federal con la Organización Sindical”. Adicionalmente afectados por la fórmula de distribución de los recursos del fondo que les ha disminuido desde 2008, la participación porcentual en casi tres cuartos de punto porcentual que equivalen a casi o más de 300 millones de pesos al año, habrían sido compensados raquíticamente mediante a asignación de un Fondo Compensatoria no previsto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. Excluidos de este fondo, entidades como Sonora y Yucatán, señala el documento, no pueden cubrir las obligaciones pactadas centralmente con el SNTE.

Ausentes de una negociación presupuestal que les interesa, dirigentes del SNTE, incluida Elba Esther Gordillo Morales, presidente vitalicia del Comité Ejecutivo Nacional lo mismo que trabajadoras y trabajadores de la educación, se mantienen ajenos al libramiento de las múltiples batallas por la defensa del presupuesto que libran los titulares de los despachos educativos frente a las autoridades de la Federación en las que, terceros beneficiados, no les importan los costos dado que con anticipación pactaron con la Federación prebendas, incosteables por un lado para las administraciones locales y que afectan la calidad de vida del resto de los ciudadanos, cuestionadas ahora por la Auditoría General de la Federación (ASF) aun y cuando hubiesen sido otorgadas por “instrucción presidencial”.

Beneficiarios de una lucha, encabezada por la Comisión de Enlace de Conaedu, en la que de origen se defienden principios de soberanía y federalismo, traducida en defensa de terceros, trabajadoras y trabajadores de la educación y su organización resultan los principales agraciados