AL LADRÓN

Maestros

Escuchar los reclamos que recurrentemente realiza la iglesia católica, apostólica y romana (dependiente de la nación vaticana) para terminar con el monopolio de la educación que -teóricamente- aún mantiene el Estado mexicano no suena anormal por ser una diatriba repetida periódicamente por los ministros de ese culto; que la curia pretenda que su religión se enseñe de manera obligatoria en las escuelas públicas con cargo al erario es una aspiración inocultable de la iglesia tal como lo son sus exigencias por volver a tener el control absoluto del proceso educativo; que para lograr sus fines utilicen la voz de las organizaciones identificadas con sus intereses –varias de ellas de clara filiación fascista- argumentando el derecho que tienen los progenitores para elegir la educación que deseen para sus hijas e hijos y señalar que éste es un derecho inalienable reconocido por organismos internacionales y firmado por el gobierno mexicano; que para ello señalen, manipulando la información, que gobiernos laicos por antonomasia imparten con cargo al presupuesto público este tipo “especial” de educación sin especificar las condiciones por las que se hace y cómo se hace, es pan de todos los días pero de ahí a escuchar la propuesta del Partido Nueva Alianza (PANAL) para quitarle al Estado el monopolio que sostiene en materia educativa es otro cantar por ser el PANAL el brazo político de Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Que la educación se encuentra secuestrada por el Estado y que por lo tanto vale la pena rescatarla, señala el promocional del PANAL difundido en medios masivos de comunicación, en tiempos oficiales, por ser una garantía de la que goza el partido blanco, es una demanda como la que establece que valdría la pena tomarles la palabra sin entregarles el voto por y entreverar beneficios y maleficios de la propuesta más allá de los que significaría encarar a la sociedad por esa pretensión.
El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la existencia de monopolios y las prácticas monopólicas en territorio nacional al tiempo que establece que no constituyen tales “las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas”, entre las que no se encuentra de manera expresa la relativa a la educación a pesar de tener esta categoría y de ser obligación constitucional, para la administración pública, la prestación del servicio educativo de educación básica, sin embargo, tanto la redacción actual como la original del artículo 3 de la constitución otorgan al Estado la caracterización atribuida por el Partido de la señora, al establecer la fracción III del artículo 3 del texto constitucional que “Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República” y otorgar a la autoridad educativa mediante la misma disposición, la capacidad para autorizar –discrecionalmente- la participación de los particulares que deseen prestar servicios educación básica o el reconocimiento de quienes, particulares, tengan como fin la prestación de los servicios de educación media superior y superior al tiempo que los propios ordenamientos reglamentarios reconocen como atribución de la autoridad educativa el retirar -también discrecionalmente-, tanto las autorizaciones como los reconocimientos otorgados con antelación.
Monopolio real sin ser reconocido expresamente como tal aunque texto y hechos señalen lo contrario, el Estado –la administración pública- otorga mediante disposiciones reglamentarias en materia de trabajo y de las firmadas en Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) y normal (ANMEByn), el monopolio -real y virtual- de la representación legal de los trabajadores al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) lo mismo que el reconocimiento a esta organización, como titulares de la relaciones laborales colectivas.
Y es precisamente de ese monopolio, del ejercido por el SNTE, del que la sociedad debe rescatar a la educación. Y debe rescatarla para que los resultados del trabajo de los trabajadores de la educación sean acordes al presupuesto asignado y al monto de las altas remuneraciones obtenidas por quienes se dedican profesionalmente a esta labor. Y debe rescatarla para que las demanda por democracia sindical se ajusten a lo dispuesto por el artículo 123 y las luchas por la representación de los trabajadores no afecten a niñas, niños y jóvenes. Y debe rescatarla para concluir con el ejercicio artificial de una representación cuasi legal del gremio que beneficia únicamente al gobierno federal y a su poderosa aliada. Y debe rescatarla para concluir con el triste papel de recaudador de impuestos asignado por el SNTE al gobierno. Y debe rescatarla para terminar de una vez por todas con mensajes demagógicos que convocan a perseguir “al ladrón” mientras que huyen quienes los emiten. Por esas y muchas razones más, haciéndose eco de lo propuesto por el PANAL, la sociedad debe rescatara a la educación secuestrada por el SNTE y por otras muchas organizaciones de trabajadores de la educación.