POLÍTICA PÚBLICA CONSENSADA.

Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez, diputado local plurinominal en la LVII legislatura del Congreso del estado Libre y Soberano de Puebla por el Partido Nueva Alianza, culpó recientemente a Mario Marín Torres por las movilizaciones realizadas por trabajadores de la educación de la entidad de Zaragoza que se oponen a la Alianza por la Calidad de la Educación firmada entre Felipe Calderón Hinojosa, titular del ejecutivo federal y Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Con anterioridad y por la misma causa Rafael Ochoa Guzmán, secretario general del CEN del SNTE, habría externado en la capital del estado, una amenaza para movilizar a más de 50 mil trabajadores de la educación en respuesta a los 10 mil que habrían movilizado grupos afines a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Recientemente Elba Esther Gordillo Morales presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) comunicó a la Nación que asistirá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para exigir que se destinen 5 mil millones de pesos adicionales al presupuesto destinado al sector educativo, que requiere para que su propuesta de trabajo –la Alianza- sea instrumentada por Josefina Vázquez Mota, responsable del despacho ubicado en las calles de Argentina y Brasil.
Así, entre amenazas por parte de la vertiente institucional del SNTE y protestas crecientes por medidas implementadas por la administración de Felipe Calderón Hinojosa, titular del ejecutivo federal, la sociedad se encuentra inerme, indefensa ante pugnas rebasan con creces su capacidad para escuchada.
La pregunta que surge entre quienes inquietos y expectantes por una situación que supera francamente los intereses de quienes impulsaron un movimiento de protestas por una alianza que señalan, no les fue ni siquiera comunicada y que decir consultada por la presidenta vitalicia de una organización que subsiste gracias al sostén del gubernamental ¿Que hacer para que las disputas surgidas por el ejercicio de poder entre miembros de una organización, ahora con propuestas diferenciadas, no afecten el interés superior de la niñez y de la sociedad?
La respuesta podría encontrarse seguramente en la definición de una política pública que surgida de un consenso nacional, anteponga realmente el interés superior de la Nación al de los diferentes grupos interesados en mantener al magisterio del país como un reserva estratégica con fines económicos, políticos y/o electorales.
Tendría que ver con la modificación de los ordenamientos para que cada uno quede en el lugar que le corresponda de acuerdo al nivel de responsabilidad que tenga y la democracia sindical sea ejercida por la voluntad de los propios trabajadores sin la existencia de un grupo impulsado y solapado por el gobierno y de pactos vergonzantes, firmados al amparo del poder y de las instituciones, que se imponen a principios jurídicos legales y constitucionales.
Tendría que ver con la libre y real afiliación de los trabajadores de la educación al sindicato, grupo o gremio que represente sus intereses y en el pago voluntario de las cuotas sindicales para concluir el papel vergonzoso que ahora desempeñan las administraciones federal y locales que se desempeñan como cobradores a sueldo dl SNTE a favor de quien retienen cuotas de manera forzada.
Tendría que ver con la redefinición de los fines y de los principios establecidos en la constitución y con la redefinición del monopolio de planes y programas ejercido por el personero presidencial en turno del despacho educativo.
Tendría que ver con una nueva responsabilidad social incluidos medios de comunicación, madres y padres de familia y demás sectores involucrados para que así, se generen políticas de trabajo que definan competencias reales de acuerdo al papel desempeñado.
Tendría que ver con la definición de una retribución pecuniaria, digna u justa que valore y recompense los esfuerzos de los trabajadores individuales y que genere mecanismos jubilatorios que garanticen los niveles de vida adquiridos por los trabajadores sin menoscabo de las finanzas públicas.
Tendría que ver con el cambio de actitud para quienes por vocación o por interés deciden trabajar como educadores y formadores de las nuevas generaciones, realmente cumplan con el compromiso adquirido y por el cual son remunerados con cargo al erario.
Tendría que ver con la garantía social para que en el ejercicio de sus derechos, los trabajadores de la educación no afecten a terceros perjudicados por actos irresponsables que provocan incluso la muerte de ajenos a los eventos.
Una nueva política pública que libere a la sociedad, rehén de los grupos magisteriales en pugna, del yugo de una dictadura ejercida en nombre del respeto a los derechos de los trabajadores. El resto de la sociedad, la mayoría, también merece el respeto a sus derechos todavía no lo demandan secuestrando a supuestos mentores, a quienes podrían reemplazar en las plazas de trabajo abandonadas.